La magistrada de Nueva York acató la decisión de la Cámara de Apelaciones y avanzó con el cierre del expediente en primera instancia. Los demandantes buscan que la Corte Suprema de Estados Unidos revise la decisión.
La jueza federal de Nueva York Loretta Preska dejó sin efecto su propia sentencia contra la Argentina en el juicio por la estatización de YPF y dio por concluida la etapa de primera instancia. La decisión se enmarca en el fallo de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, que había revocado la condena millonaria contra el Estado nacional y modificado el rumbo del litigio.
Con esta resolución, Preska acata la orden del tribunal superior y formaliza el cierre de su intervención en la causa iniciada por la expropiación de la petrolera en 2012, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. La jueza había condenado en 2023 a la Argentina al pago de US$ 16.100 millones, suma que, con intereses, superaba los US$ 18.000 millones. Ese pronunciamiento ahora queda sin efecto.
El giro en el expediente se produjo en marzo, cuando los jueces Denny Chin y Beth Robinson, con la disidencia de José Cabranes, concluyeron que se había interpretado de manera errónea la legislación argentina. Según la Cámara, la ley de expropiaciones impide que terceros interpongan demandas que interfieran con el proceso expropiatorio y, además, determinó que el estatuto de YPF no configura un contrato bilateral entre accionistas que habilite reclamos por daños y perjuicios.
La vía de apelación ordinaria quedó agotada luego de que el pleno del Segundo Circuito rechazara un pedido de revisión adicional en junio. A partir de entonces, la estrategia del fondo Burford Capital —financista del reclamo original de los exaccionistas Petersen Energía, Petersen Energía Inversora y Eton Park— se concentró en llevar la disputa al máximo tribunal de Estados Unidos.
Burford busca que intervenga la Corte Suprema de EE.UU.
A comienzos de octubre, Burford presentó un recurso de certiorari ante la Corte Suprema estadounidense, en el que calificó el fallo de la Cámara como “gravemente erróneo, totalmente sin precedentes y de consecuencias extremadamente relevantes”. El objetivo del fondo es que el máximo tribunal revise lo resuelto por el Segundo Circuito y restituya, en alguna medida, su posición favorable en el litigio.
La admisión del caso por parte de la Corte, sin embargo, no es automática. Cada año, el tribunal recibe entre 7.000 y 8.000 peticiones y solo acepta analizar alrededor de 80, sin un plazo fijo para expedirse. La decisión sobre si tomará o no el caso YPF podría demorar meses y es uno de los puntos de mayor expectativa para el frente jurídico y financiero argentino.
- El fallo de Preska que condenaba a la Argentina por US$ 16.100 millones queda sin vigencia.
- La definición del litigio principal queda supeditada a lo que resuelva la Corte Suprema de Estados Unidos.
- La interpretación de la ley de expropiaciones argentina fue clave para revertir la condena original.
Un reclamo paralelo ante el CIADI
En paralelo a la presentación ante la Corte Suprema, Burford abrió un reclamo arbitral ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo dependiente del Banco Mundial. Allí actúa en representación de las sociedades Petersen, que fueron accionistas de YPF antes de la expropiación de 2012.
El frente en el CIADI configura una vía alternativa de presión sobre el Estado argentino y podría derivar, en el mediano plazo, en un nuevo laudo internacional. Especialistas en arbitraje de inversiones señalan que este tipo de procedimientos suelen extenderse durante años y coexistir con litigios en tribunales nacionales, como ocurrió en el caso YPF.
La Argentina consiguió revertir en la Cámara una de las condenas más altas de su historia en tribunales extranjeros, pero el capítulo definitivo del caso YPF dependerá ahora de lo que decida la Corte Suprema de Estados Unidos y del avance del reclamo arbitral ante el CIADI.
Mientras tanto, el cierre de la primera instancia en Nueva York representa un alivio parcial para el país, que logra desactivar, al menos por ahora, el riesgo de una ejecución inmediata de la sentencia multimillonaria que había dictado Preska en 2023.
