Docentes, familias e instituciones aseguran que la educación inclusiva está en riesgo por atrasos en pagos y aranceles congelados. Apoyan el proyecto de ley de Emergencia en Discapacidad.
Los colegios de gestión privada que atienden a alumnos con discapacidad expresaron su “preocupación” por el desfinanciamiento del sistema y respaldaron el proyecto de ley de Emergencia en Discapacidad que se impulsa en el Congreso. Advirtieron que el congelamiento de los aranceles y los atrasos en los pagos afectan directamente la continuidad de los servicios educativos y de apoyo.
Desde la Asociación de Instituciones de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA) señalaron que el tema no debe quedar atrapado en “una pulseada política”. En un comunicado, afirmaron: “Lo que está en juego no es una línea presupuestaria, sino la posibilidad de que chicos y chicas con discapacidad puedan aprender, desarrollarse y ser incluidos en condiciones reales”.
“La emergencia en discapacidad no es solo un tema administrativo. Es una cuestión clave para sostener los servicios”, explicó Laura Giorgi, referente de educación especial en AIEPA. La especialista advirtió: “Hoy enfrentamos un desfase de más del 70% entre los aranceles que cobramos y la inflación real acumulada. Nuestros principales costos —como los salarios docentes— sí se actualizan, y eso nos deja con ingresos congelados y egresos crecientes”.
Te puede interesar: Los colegios porteños deberán aplicar un protocolo contra la violencia digital
Según AIEPA, la Superintendencia de Servicios de Salud liquida las prestaciones con hasta 90 días de demora. “Eso hace inviable sostener el pago de sueldos, servicios e insumos básicos”, remarcaron. Esta combinación de factores llevó a que muchas escuelas especiales estén “al borde del colapso”.
Giorgi sostuvo: “Es muy difícil garantizar una educación de calidad en estas condiciones. Sin una solución estructural e inmediata, se ven afectados nuestros puestos de trabajo, pero sobre todo la inclusión y la dignidad de una de las poblaciones más vulnerables del país”.
Desde la asociación remarcaron que “el problema no se limita a las escuelas especiales”. Detallaron que miles de estudiantes con discapacidad que asisten a escuelas comunes también necesitan apoyos —como maestros integradores, acompañantes terapéuticos y profesionales de salud— que hoy se encuentran desbordados o directamente no pueden trabajar por falta de condiciones mínimas. “Sin una mejora urgente en los honorarios y condiciones de trabajo, estos profesionales no pueden sostener su tarea, y los chicos quedan desprotegidos dentro del sistema educativo regular”, advirtió Giorgi.
Origen del conflicto y consecuencias
El conflicto se originó en diciembre de 2024, cuando la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejó de actualizar el nomenclador nacional que regula los aranceles. “Ese congelamiento, sumado al atraso crónico en los pagos y la inflación acumulada, dejó a muchas instituciones sin capacidad de respuesta. Algunas redujeron servicios. Otras evalúan cerrar. La mayoría opera con déficit”, señalaron desde AIEPA.
“La situación es compleja desde hace años, pero hoy más que nunca requiere soluciones. Las actualizaciones previas siempre quedaron por debajo de la inflación y el deterioro se acumuló año tras año”, añadieron.
Giorgi advirtió: “Si la ley finalmente no avanza, las instituciones seguirán con cuotas congeladas, sin poder afrontar los costos de funcionamiento. Se pondrán en peligro puestos de trabajo de docentes y personal especializado, pero además se agravará el riesgo de cierre de escuelas especiales, dejando sin atención a miles de niños, niñas y jóvenes con discapacidad”.
Testimonios desde el territorio
Desde La Matanza, Alejandra Luciani, representante legal de la institución Portal del Sol, expresó: “Vivimos una emergencia. La red que durante años protegió derechos está siendo desarticulada. Las decisiones que congelan valores, traban certificados y entorpecen autorizaciones nos dejan en la cuerda floja”.
Luciani sostuvo que el rol del Estado es indelegable: “Las personas con discapacidad no parten del mismo lugar. Necesitan apoyos para equiparar condiciones. Muchas familias hacen grandes esfuerzos, viajan decenas de kilómetros cada día, y aun así no tienen garantizado lo más básico. Esa desigualdad estructural no puede ignorarse”.
Desde Mercedes, Elena Sequeira, directora de la institución Vamos Creciendo, coincidió en que “la emergencia es real y requiere respuestas inmediatas”.
“La discapacidad no distingue clases sociales ni credos. Se puede presentar en cualquier familia, en cualquier momento. Frente a esa realidad, el compromiso del sector educativo es inclaudicable. Pero todo el esfuerzo está en riesgo”, concluyeron desde AIEPA.
