Polémica por compra de un departamento bajo la casa de Cristina

Investigan la compra de un departamento vinculado a La Cámpora

Una dirigente sindical cercana a La Cámpora y a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) quedó en el centro de la escena tras adquirir un departamento justo debajo del inmueble donde la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cumple prisión domiciliaria, en el barrio porteño de Constitución. La operación reavivó cuestionamientos sobre el manejo de fondos sindicales y los vínculos políticos detrás de la compra.

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Se trata de María Soledad Calle, referente camporista en la ciudad bonaerense de Campana y dirigente ligada a la UOM. De acuerdo con documentación del Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad de Buenos Aires, el 20 de agosto de 2025 escrituró a su nombre un departamento de 252 metros cuadrados ubicado en el primer piso del edificio de San José 1111. En el segundo piso de ese mismo inmueble reside Cristina Kirchner, condenada a seis años de prisión en la causa Vialidad y controlada mediante tobillera electrónica.

Según registros citados por el diario La Nación, la operación se habría concretado por unos US$189.000, lo que implica un valor aproximado de 750 dólares por metro cuadrado, cifra considerada llamativa para un edificio que, desde que aloja a la exmandataria, se encuentra bajo fuerte custodia y permanente escrutinio público.

Vínculos gremiales y causa judicial en curso

La compra del departamento se analiza en paralelo con una investigación judicial que involucra a Calle y a la cúpula de la UOM por el manejo de los aportes de unos 200.000 afiliados. A comienzos de 2023, el gremio metalúrgico firmó un contrato por diez años con USEM SA, una firma creada en diciembre de 2022 por la propia Calle junto a Adalberto Raúl Braconi.

El acuerdo otorgó a USEM la administración del 80% de los aportes sindicales, a cambio de una comisión mensual del 0,5% sobre la recaudación, estimada en más de 100 millones de pesos por mes. Por este esquema, Calle y el entonces secretario general de la UOM, Abel Furlán, fueron denunciados y quedaron bajo la lupa de la Justicia federal por presunta administración fraudulenta, fraude y asociación ilícita.

Las fuentes judiciales consultadas advierten, no obstante, que se trata de imputaciones en etapa preliminar: la causa continúa en trámite y no existe hasta el momento una sentencia que acredite responsabilidad penal ni que vincule de manera directa esos fondos con la operación inmobiliaria en Constitución.

Movimientos patrimoniales y dudas sobre el destino del inmueble

La adquisición del departamento en San José 1111 se produjo en el marco de otros movimientos patrimoniales de Calle durante agosto de 2025. Entre ellos, la compra del 50% de un automóvil BMW valuado en alrededor de US$70.000 y la creación de una sociedad vinculada a servicios financieros, de acuerdo con documentos citados por distintos medios.

En el caso del departamento, trascendió que durante las tratativas previas a la escritura la dirigente habría señalado que el inmueble se destinaría al funcionamiento de una fundación. Sin embargo, con el correr de las semanas se multiplicaron las dudas sobre el uso efectivo del piso, ubicado justo debajo de la vivienda de Cristina Kirchner y en un edificio sometido a controles judiciales y de seguridad.

  • Hasta el momento no hay una resolución judicial que considere ilícita la compra del departamento.
  • El entorno de Cristina Kirchner asegura no tener injerencia ni conocimiento sobre el destino del inmueble.
  • Calle rechaza las acusaciones y relativiza su vínculo con la UOM y USEM SA.

Fuentes del entorno de la expresidenta descartaron que Cristina Kirchner haya utilizado esa propiedad y negaron conocer el uso actual del departamento del primer piso.

Por su parte, María Soledad Calle negó las imputaciones, cuestionó que se presente la operación como parte de una maniobra irregular y sostuvo que se trata de una compra lícita dentro de su patrimonio. El expediente judicial seguirá determinando si existió algún desvío de fondos sindicales, mientras el edificio de San José 1111 se consolida como un punto sensible del mapa político y judicial argentino.

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