Con la reanudación de la actividad judicial tras la feria, la causa vuelve a tomar impulso en el fuero Penal Económico. Los denunciantes reclaman que sean indagados los titulares de la empresa propietaria del inmueble, mientras la Cámara Federal de Casación debe resolver qué tribunal continuará al frente de la investigación.
La causa que investiga la adquisición de una lujosa propiedad en Pilar, valuada en alrededor de 20 millones de dólares, retomará su actividad este lunes tras el receso judicial. El expediente, que analiza una presunta maniobra de ocultamiento patrimonial vinculada al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, inicia una etapa clave mientras la Justicia define los próximos pasos de la investigación.
Actualmente, la jueza en lo Penal Económico Verónica Straccia tiene a su cargo el expediente, aunque su subrogancia al frente del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N.º 10 finalizará a mediados de noviembre. En ese contexto, los denunciantes insisten en que la magistrada cite a declaración indagatoria a Luciano Pantano y Ana Lucía Conte, madre e hijo y titulares de la firma Real Central S.R.L., propietaria del inmueble investigado.
Hasta el momento, la Justicia no citó a ninguno de los dos a prestar declaración. La hipótesis de la causa sostiene que ambos habrían actuado como presuntos testaferros de Toviggino, ya que, según la investigación, no contarían con un perfil patrimonial compatible con la compra de una propiedad de semejante valor.
Mientras tanto, el futuro del expediente continúa sujeto a una disputa judicial. La Cámara Federal de Casación Penal aceptó revisar un recurso presentado por las defensas para determinar qué tribunal debe continuar con la investigación. Aunque Straccia sigue al frente del caso por el momento, el máximo tribunal penal del país deberá resolver si el expediente continúa en ese juzgado o regresa al fuero federal de Campana.
La investigación busca esclarecer cómo Real Central S.R.L. adquirió el predio ubicado en Pilar. Durante los allanamientos, la Justicia encontró una mansión construida sobre unas cinco hectáreas, además de 54 vehículos de alta gama, pistas ecuestres, caballerizas y un helipuerto.
La evolución de la empresa propietaria del inmueble constituye otro de los ejes de la investigación. Según consta en el expediente, la sociedad originalmente se llamaba Central Parks Drinks S.R.L. y tenía un capital social de 300.000 pesos. El 16 de mayo de 2024 cambió su denominación a Real Central S.R.L., elevó su capital a 58 millones de pesos y, apenas dos semanas después, compró el predio de Pilar.
Entre las pruebas incorporadas al expediente también figura una tarjeta corporativa de la AFA emitida a nombre de Pantano que, de acuerdo con la investigación, habría servido para afrontar gastos relacionados con parte de la flota de vehículos encontrada durante los allanamientos.
La causa atravesó distintas instancias judiciales desde su inicio. Comenzó en el juzgado federal de Daniel Rafecas, donde la Justicia ordenó las primeras medidas de prueba y los allanamientos. Luego pasó al entonces Juzgado Nacional en lo Penal Económico N.º 10, a cargo de Marcelo Aguinsky. Más tarde, a raíz de un planteo de inhibitoria presentado por Pantano durante la feria judicial de enero, el expediente pasó al juzgado federal de Campana, conducido por Adrián González Charvay.
Sin embargo, la Cámara en lo Penal Económico revocó esa decisión el 12 de junio y dispuso que la causa continuara en el juzgado que hoy subroga Verónica Straccia. De todos modos, la Cámara Federal de Casación Penal todavía debe resolver de manera definitiva qué tribunal quedará a cargo de la investigación.
