Pedido de prisión preventiva en una causa por abuso agravado
NewsITe
La querella que representa a Brisa Póvolo, una joven que denunció haber sido víctima de abusos sexuales cuando tenía 15 años, reclamó la prisión preventiva del empresario teatral Aldo Funes y de la madre de la denunciante, Sandra Cárpena. Ambos se encuentran procesados en la causa y afrontan cargos de extrema gravedad en los tribunales porteños.
De acuerdo con el documento judicial al que accedió Noticias Argentinas, Funes está imputado por tres hechos de abuso sexual con acceso carnal, presuntamente cometidos entre 2013 y 2014 en distintas locaciones de la Ciudad de Buenos Aires, en las cercanías de teatros donde ejercía como productor y representante. La acusación sostiene que existió violencia, amenazas y una clara relación de poder sobre la adolescente, que hoy tiene 27 años y atraviesa su primer embarazo.
En tanto, Cárpena fue procesada por abuso coactivo, al ser señalada como la persona que facilitó el contacto entre su hija y el empresario teatral. Si bien actualmente se encuentra detenida por una causa de extorsión contra Funes —en la que habría exigido dinero para evitar denunciarlo—, estaba cerca de recuperar la libertad. La querella, sin embargo, considera que su presencia en libertad podría implicar nuevos riesgos para la víctima y su hermana.
Los representantes legales de Póvolo plantearon que la calificación legal hasta ahora fijada para los hechos resulta «incompleta» y solicitaron la incorporación de agravantes por abuso sexual con sometimiento ultrajante, con secuelas en la salud mental de la joven. En ese sentido, remarcaron que al momento de los hechos la víctima era menor de edad, que estaba bajo la guarda de los imputados y que los abusos habrían provocado un serio daño psicológico, incluyendo al menos dos intentos de suicidio.
Embargo millonario y riesgo procesal
En el escrito también se menciona que ya se dispuso un embargo de 600 millones de pesos para cada uno de los acusados, aunque la querella reclama actualizar ese monto. Argumenta que la cifra actual resulta insuficiente para cubrir una eventual indemnización por daños psicológicos, además de los honorarios y las costas del proceso.
Respecto de Cárpena, la acusación subraya sus antecedentes condenatorios, el riesgo de entorpecimiento de la investigación, intentos de comunicación con la víctima a través de su pareja y la falta de arraigo. Se advierte que, si recuperara la libertad, podría presionar o hostigar nuevamente tanto a su hija como a su otra hija, lo que justificaría su permanencia detenida de manera preventiva.
En el caso de Funes, la querella hace hincapié en su poder económico, su visibilidad en el ambiente artístico y su capacidad para viajar al exterior y eventualmente eludir la acción de la justicia. Por eso, se sostiene que existe un riesgo concreto de fuga u ocultamiento si no se dicta su prisión preventiva.
- La pena mínima estimada para los delitos imputados sería de ocho años de prisión efectiva.
- La querella afirma que esa escala penal dificulta el acceso a excarcelaciones o beneficios.
- Se propone el arresto domiciliario con tobillera electrónica como alternativa si el juez evitará el encierro en una unidad penitenciaria.
La causa, que se originó por hechos presuntamente ocurridos cuando la víctima tenía 15 años, vuelve a poner en debate la responsabilidad de los adultos que detentan el poder y la guarda de menores en ámbitos vinculados al espectáculo.
Mientras tanto, la definición sobre el futuro procesal de Aldo Funes y Sandra Cárpena quedará en manos de la justicia, que deberá resolver si hace lugar al pedido de prisión preventiva y a la ampliación de la calificación legal solicitada por la querella.
