La intención es determinar cuál fue el perjuicio a la administración pública y si existieron más personas involucradas en el desvío de fondos del Estado a cuentas particulares.
Jorge Resegue, abogado penalista de Rosario, estuvo presente la semana pasada en la localidad de Empalme a fin de avanzar con una causa por defraudación que data del año 2018, y que se basa en una investigación por desvíos de fondos del Estado a cuentas particulares.
La situación comenzó hace ya tres años atrás luego de una auditoría que la Agencia Provincial de Seguridad Vial realizó en Empalme ya que se había asignado para la recaudación de multas al Tribunal de Faltas de la Comuna, y allí se notaron irregularidades. Vale recordar que a cargo del Tribunal se encontraba Rebeca Bini, en el puesto de secretaria.
En la oportunidad, varios contribuyentes habían presentado denuncias en donde expresaban que cuando se les asignaba la multa, recibían luego una comunicación para que se trasladen a un estudio jurídico particular y allí sin seguir los canales normales se terminaban abonando montos bastante inferiores a los reales. Esos pagos nunca ingresaron al sistema fiscal como corresponde, lo que causó un perjuicio a la administración pública provincial y comunal.
La investigación sufrió en este tiempo un cambio de fiscales; en la actualidad está a cargo del fiscal Miguel Moreno que forma parte de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos y Complejos. Previo a este cambio, la causa había avanzado hasta el grado de imputación por lo cual hoy la Dra. Bini está imputada por 8 hechos de defraudación a la administración pública.
“Con este cambio, sucedió lo mismo que en varias causas, es decir que hasta que los fiscales pudieron ponerse al día con todo, quedó bastante frenado”, aclaró Resegue.
En la actualidad, a instancias de la minoría de la Comisión Comunal de Empalme, se han pedido informes sobre cuál es el estado de la causa y “solicitamos que se realicen algunas medidas para poder continuar, porque si bien entendemos que hay elementos suficientes para una acusación para quien ya está imputada, consideramos que hay dos cuestiones más a determinar”, prosiguió el letrado enumerándolas: “En primer lugar que esto se trata de una posible maniobra defraudatoria por lo que habría que determinar cuál ha sido el perjuicio que causó. Y en segundo lugar, tenemos la sospecha que esto debió ejecutarse con la colaboración de algunas otras personas porque la única imputada no tenía el cargo suficiente para poder generar todos estos hechos”.
Ante lo mencionado, la Fiscalía a cargo realizó dos pedidos de informe, uno a la Comuna de Empalme, “porque el Jefe Comunal ha dicho que ellos han iniciado una causa administrativa para determinar las responsabilidades por lo que la Fiscalía quiere conocer cuáles fueron las acciones que se llevaron en esa investigación y sobre todo las conclusiones”. El otro a la Agencia Provincial de Seguridad Vial con el fin de determinar cuál fue el perjuicio sufrido por la administración pública y para que determine de quién era la responsabilidad de informar a la agencia esta situación irregular de que a cargo del Tribunal estuviera una persona que no había sido comunicada.
Los casos
Son 8 en total y hacen a la causa. Resegue aclaró que son todos hechos similares en donde “ciertas personas que eran imputadas por una infracción, al momento de querer interiorizarse de cómo solucionar esto eran enviados a un estudio jurídico particular que integraba la Dra. Bini, se hacía el descargo y se solucionaba por montos muchos más bajos a los reales, y ese dinero que abonaron nunca se integró a las arcas públicas”.