La menor, de 15 años, había sido rescatada el año pasado en San Pedro cuando la trasladaban en micro hacia Jujuy. Por esa razón la causa fue iniciada por la Justicia Federal de San Nicolás. Los imputados son madre e hijo, ambos de nacionalidad peruana. La víctima, había sido captada en situación de extrema vulnerabilidad en la exVilla 31. El objetivo era usarla para transportar drogas en su cuerpo con destino a Perú.
De la redacción de EL NORTE
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La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12 de Capital Federal solicitó la elevación a juicio de una causa en la que dos personas de origen peruano—madre e hijo— están acusadas de haber captado a una menor para usarla como “correo humano”. La adolescente, de 15 años, fue rescatada por Gendarmería en un operativo efectuado en setiembre pasado en la vecina ciudad de San Pedro.
Al iniciarse la instrucción en esa ciudad, la primera etapa tramitó en Fiscalía Descentralizada de San Nicolás, bajo las reglas del sistema acusatorio del Código Procesal Penal Federal—implementado en esa jurisdicción desde 2024—. Luego de diversas medidas de prueba y de sus resultados, el 19 de septiembre de 2025 se realizó la audiencia de formalización de la investigación preparatoria ante el titular del Juzgado Federal de Garantías N°2 Carlos Villafuerte Ruzo.
En esa instancia, se dictó prisión preventiva por 90 días y la autorización para peritar un celular incautado. Posteriormente el juzgado se declaró incompetente en razón del territorio y remitió la causa a la justicia federal de CABA. Recayó en el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N°4 de Ariel Lijo y en la Fiscalía Federal N°12.
La fiscalía en su pedido de enjuiciamiento sostuvo que la víctima, de 15 años, fue captada en un contexto de extrema vulnerabilidad y trasladada con el objetivo de que transportara estupefacientes en su cuerpo en un circuito transnacional. La damnificada fue rescatada en San Pedro, cuando viajaba en un micro rumbo a Jujuy, a partir de un llamado a la línea 145.
El colectivo donde iba la víctima junto a sus presuntos explotadores había partido del barrio porteño de Once y se dirigía a San Salvador de Jujuy.
La investigación
Según el requerimiento presentado ante el juez, la víctima fue captada en el barrio Padre Mugica (exbarrio 31 de Retiro) de Capital en un contexto de extrema vulnerabilidad social, vivía en situación de calle, fuera del sistema educativo y con consumo problemático de sustancias.
Los imputados son un hombre de 34 años y su madre de 53. El primero deberá responder como coautor del delito de trata de personas con fines de explotación, agravado por haber mediado engaños, violencia, amenazas, intimidación y coerción; por haberse aprovechado de la situación de vulnerabilidad de la víctima; y por tratarse de una menor de 18 años. En su caso, además, se le imputa el delito de abuso sexual con acceso carnal, en concurso ideal con la figura de corrupción de menores, todo en calidad de autor. Por su parte, a su madre se la imputó como coautora del delito de trata de personas con fines de explotación, en su caso, agravado por haberse aprovechado de la situación de vulnerabilidad y por tratarse de una menor.
La fiscalía consideró que la modalidad de “correo humano” de drogas o “mula” es equiparable a una de las formas de explotación de trata de personas, compatibles con la finalidad de reducción a la servidumbre”. Es decir, hacer de su cuerpo un mero instrumento para transportar sustancias estupefacientes de un país a otro”. Por lo tanto, afirmó que la adolescente fue “una víctima de trata de personas que se vio agravada al involucrarla en una organización criminal dedicada a actividades asociadas al narcotráfico”.
Según contó la propia víctima, la maniobra consistía en trasladarla a la república del Perú para que ingiriera cápsulas o se sometiera a injertos subcutáneos para el transporte de estupefacientes, y luego reingresarla al país con la sustancia en su cuerpo.
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El operativo
El caso se inició el 18 de septiembre de 2025, cuando la Gendarmería interceptó un ómnibus en el kilómetro 152 de la Ruta Nacional 9, a la altura de San Pedro tras recibir un aviso sobre una posible situación de trata. El micro había partido de Once y tenía como destino la ciudad de San Salvador de Jujuy.
La alerta fue emitida por la Unidad de Investigaciones Judiciales de la localidad entrerriana de Concepción del Uruguay y tuvo origen en un llamado anónimo que reportaba que en ese colectivo había ciudadanos extranjeros acompañados por una menor de edad que aparentemente transportaban estupefacientes.
La adolescente no figuraba en la nómina de pasajeros, carecía de documentación, presentaba signos de somnolencia. Según testimonios, los adultos intentaban controlar sus respuestas e inducirla a brindar información falsa, ya que en un principio dio otra identidad, dijo ser mayor de 18 años y contaba con un certificado de discapacidad ajeno para exhibir. El hombre y su madre, de nacionalidad peruana, quedaron detenidos y la adolescente, puesta a resguardo. Todo habría comenzado en agosto de 2025, cuando el imputado —19 años mayor que ella— empezó “un vínculo afectivo” con la adolescente. Según el relato de la víctima, inicialmente el hombre la obligó a mantener una relación sexual no consentida, por ´lo que la fiscalía también lo imputó por abuso sexual reiterado.
El 16 de septiembre de 2025, le propusieron ir “de vacaciones” a Perú pero el verdadero objetivo sería que la joven transporte droga a su regreso a Argentina”. Según refirió la víctima, allí había otras mujeres que mediante la ingesta de las drogas o a través de injertos para colocar estupefacientes bajo la piel se encargaban de realizar ese mismo traslado. El reingreso se desarrollaba en “una camioneta”.
