El Gobierno de Axel Kicillof propuso un aumento del 2,5% para docentes y trabajadores estatales. Los sindicatos lo rechazaron sin someterlo a consideración de las bases y la negociación quedó suspendida, sin fecha para un nuevo encuentro.
La negociación paritaria entre el Gobierno de la provincia de Buenos Aires y los gremios docentes y estatales volvió a estancarse este jueves. El Ejecutivo de Axel Kicillof ofreció un aumento salarial del 2,5% para julio, pero los sindicatos rechazaron la propuesta de inmediato, sin someterla a consideración de sus bases. Como consecuencia, las conversaciones pasaron nuevamente a un cuarto intermedio y todavía no hay fecha para una nueva reunión.
La oferta llegó después de más de 20 días sin avances en la discusión salarial. Los últimos encuentros entre el Gobierno y los representantes sindicales se habían realizado el 11 y 12 de junio, aunque en esas reuniones el Ejecutivo no había presentado una propuesta de incremento.
Este jueves, el Gobierno recibió por separado a los representantes de los docentes y luego a los trabajadores de la administración central, comprendidos en la Ley 10.430. En ambos casos realizó el mismo ofrecimiento: una suba del 2,5% para este mes.
Los gremios rechazaron la propuesta de manera inmediata y la negociación volvió a quedar en suspenso, sin una fecha definida para retomar las conversaciones.
El reclamo de los sindicatos
Según sostienen los representantes gremiales, los aumentos otorgados durante 2026 no lograron compensar la pérdida del poder adquisitivo.
En lo que va del año, los trabajadores estatales recibieron un incremento acumulado del 9,1% en cuotas. Sin embargo, consideran que aún mantienen un desfasaje salarial de al menos el 3% y reclaman un aumento que permita recuperar ese poder de compra.
Desde el Ejecutivo provincial argumentaron que la Provincia atraviesa una situación financiera compleja.
Fuentes del Gobierno señalaron que durante la reunión “se reiteró la compleja situación fiscal de la provincia producto de las políticas y decisiones del gobierno nacional”.
La administración bonaerense sostiene que las restricciones presupuestarias responden a los recortes de transferencias desde la Nación y a la política económica implementada por el Gobierno de Javier Milei, una situación que, además, mantiene bajo discusión en el ámbito judicial.
