La Justicia obliga al Gobierno a preservar datos sobre campos rurales
NewsITe
La Justicia contencioso administrativa de La Plata hizo lugar a una medida cautelar impulsada por la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires y ordenó al Gobierno nacional que informe y resguarde la información acumulada durante más de una década sobre la propiedad de tierras rurales, relevada en el marco de la derogada Ley de Tierras.
El fallo, dictado por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N.º 4 de La Plata, fija un plazo de cinco días hábiles para que el Ministerio de Justicia de la Nación precise hasta qué fecha se actualizaron las bases de datos y garantice la conservación íntegra de todos los antecedentes registrales recopilados en los últimos 15 años. La decisión apunta a evitar la pérdida de un insumo clave para conocer quiénes son los dueños de campos y cómo se distribuye la propiedad de la tierra en el territorio bonaerense.
La presentación fue realizada por el defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, quien advirtió que, tras la caída de la Ley de Tierras, quedaron sin efecto herramientas fundamentales de control, como el mapa dominial y las restricciones a la compra de campos por parte de titulares extranjeros. Según el organismo, este escenario genera un fuerte retroceso en materia de transparencia y deja a la Provincia con menos instrumentos para planificar su desarrollo rural.
De acuerdo con la Defensoría, la situación es especialmente delicada en partidos con alta concentración de tierras en manos foráneas, entre los que se mencionan Campana y Zárate, pero también se proyecta como un riesgo para otras zonas productivas del interior bonaerense. Contar con registros claros y actualizados es considerado clave para evaluar el impacto sobre el ambiente, los recursos naturales y el uso del suelo.
Preocupación por la soberanía y el impacto ambiental
En sus fundamentos, el organismo provincial vinculó la preservación de los datos con la necesidad de resguardar la soberanía sobre los recursos naturales y garantizar políticas públicas de largo plazo. Sostuvo que la falta de información confiable sobre quiénes son los titulares de grandes extensiones rurales puede condicionar decisiones sobre ordenamiento territorial, producción, infraestructura y protección ambiental.
La Defensoría remarcó además que el conocimiento detallado de la estructura de la propiedad de la tierra resulta central para monitorear la concentración y el avance de la titularidad extranjera en áreas estratégicas, en un contexto de creciente presión sobre el ambiente y de conflictos por el acceso al agua, los bosques y otros bienes comunes.
- La cautelar obliga a preservar todas las bases de datos construidas bajo la Ley de Tierras.
- El Ministerio de Justicia debe informar en cinco días el estado y la actualización de esos registros.
- La Defensoría advierte sobre el riesgo de perder información clave para planificar el desarrollo rural.
“No podemos permitir que la flexibilización o la falta de los controles deje a las y los bonaerenses a ciegas sobre la soberanía de sus recursos naturales y del suelo rural. Proteger la información pública sobre nuestro territorio es central para garantizar la sustentabilidad ambiental y los derechos de las futuras generaciones”, subrayó Guido Lorenzino.
El juzgado consideró que la eventual pérdida, alteración o desactualización de estos datos provocaría un daño irreversible para la planificación y el desarrollo sostenible de la provincia de Buenos Aires. Con la medida cautelar, se busca asegurar que la información ya relevada se mantenga disponible mientras se tramita el expediente de fondo y se define el alcance definitivo de las obligaciones del Estado nacional en materia de resguardo y publicidad de los registros sobre tierras rurales.
