Ex empleada acusa a BINSER S.A. por violencia laboral y deudas
NewsITe
Una ex trabajadora de la firma BINSER S.A., con sede en la ciudad de La Plata, denunció a la compañía por una serie de incumplimientos laborales que incluyen falta de aportes previsionales, hostigamiento vinculado con su maternidad y la suspensión de su cobertura médica y la de su hija recién nacida.
La denunciante, identificada como Lisanda Dana, ingresó a la empresa el 28 de marzo de 2012 y se desempeñó allí durante catorce años. De acuerdo con el relato presentado por su abogado, Ignacio Barrios, el vínculo laboral se vio abruptamente interrumpido el 29 de junio pasado, cuando la mujer se presentó a trabajar en la sucursal de la localidad platense de Los Hornos y se encontró con el local cerrado, sin aviso previo ni comunicación formal de la firma.
Según la presentación judicial, durante los últimos meses de la relación laboral la empresa habría acumulado deudas en concepto de salarios, comisiones y alrededor de seis meses de aportes previsionales. Esa situación no sólo impactó en su futuro jubilatorio, sino que también habría derivado en la suspensión de la obra social, dejando sin cobertura a la trabajadora y a su hija en un momento particularmente sensible.
La obra social dada de baja tras el nacimiento de su hija
Uno de los episodios más graves denunciados se remonta a 2022, cuando Dana llevó a su bebé a su primer control pediátrico y descubrió que la obra social estaba suspendida por presuntos aportes no ingresados por la empresa. Frente a esa situación, debió afrontar de manera particular los gastos médicos para garantizar la atención de la niña.
La ex empleada sostiene que realizó reclamos formales ante BINSER S.A. para regularizar la cobertura y obtener el reintegro de los montos abonados. Sin embargo, afirma que nunca recibió respuestas satisfactorias ni una solución definitiva por parte de la compañía.
Hostigamiento durante la lactancia y presiones para conservar el empleo
La denuncia también detalla situaciones de presunto hostigamiento y violencia laboral luego de su regreso de la licencia por maternidad. De acuerdo con el escrito, la mujer retomó sus tareas a los 45 días del parto y continuó con la lactancia, pero habría recibido cuestionamientos por parte del gerente de la sucursal, identificado como Sebastián Gutiérrez.
Siempre según la versión de la denunciante, el directivo le recriminaba su decisión de amamantar, la instaba a abandonar la lactancia y le advertía que la continuidad de su empleo podía verse afectada si no se adecuaba a sus exigencias. Para no perder su fuente de ingresos, la trabajadora relató que se veía obligada a extraerse leche materna en baños de estaciones de servicio durante la jornada laboral, situación que le provocó episodios de mastitis y fiebre, aun así continuando con sus tareas.
Posibles acciones judiciales y responsables señalados
El abogado Ignacio Barrios adelantó que analiza impulsar acciones civiles y laborales por violencia y discriminación vinculadas con la maternidad y la lactancia, además de reclamos por salarios y comisiones adeudados y por la falta de aportes previsionales. En paralelo, no descarta avanzar en el fuero penal para que se investigue la posible comisión de delitos relacionados con la apropiación indebida de recursos de la seguridad social.
- Presunta deuda de salarios, comisiones y aportes previsionales.
- Suspensión de la cobertura médica de la trabajadora y su hija.
- Denuncias de hostigamiento y presiones durante la etapa de lactancia.
- Evaluación de denuncias penales por coacción y delitos previsionales.
“Estamos frente a un caso que combina incumplimientos laborales graves con una situación de violencia y discriminación ligada a la maternidad y la lactancia”, afirmó el letrado al plantear los ejes de la demanda.
La presentación también menciona a Adolfo Pedro Porta y a Orlando Antonio Piccinini como propietarios o históricos referentes de BINSER S.A., a quienes se solicita que brinden explicaciones sobre las decisiones adoptadas en relación con los hechos denunciados. Hasta el momento, la empresa no emitió comunicados públicos y será la Justicia la que deba determinar responsabilidades y eventuales sanciones, en el marco de un proceso que vuelve a poner en agenda la protección de los derechos laborales de las mujeres y personas gestantes en el ámbito privado.
