Familiares de víctimas venezolanas llevan su reclamo a la justicia de Estados Unidos
NewsITe
Las familias de seis jóvenes asesinados en Venezuela iniciaron una demanda civil contra el expresidente Nicolás Maduro ante un tribunal federal de Estados Unidos, al que acusan de ser responsable de ejecuciones extrajudiciales y torturas cometidas por fuerzas de seguridad bajo su mando. La presentación judicial fue realizada en el Tribunal del Distrito Este de Nueva York, con sede en Brooklyn, y apunta a establecer la responsabilidad directa del exmandatario en graves violaciones a los derechos humanos.
Según la demanda, de 44 páginas, los hechos denunciados se enmarcan en un patrón sistemático de violencia estatal desplegado entre 2017 y 2021, período en el cual las Fuerzas de Acciones Especiales de Venezuela (FAES) habrían actuado como brazo represivo del Gobierno. Las víctimas, identificadas con seudónimos para preservar su seguridad, sostienen que sus hijos y hermanos fueron ejecutados en operativos armados que se presentaron públicamente como enfrentamientos, pero que en realidad habrían sido montajes para encubrir asesinatos.
Los demandantes también aseguran haber sufrido torturas, hostigamiento y persecución, tanto durante como después de los operativos. Tres de ellos promovieron acciones específicas por este delito, alegando golpizas, amenazas de muerte y detenciones arbitrarias. De acuerdo con la presentación, estos casos forman parte de un universo mucho más amplio: miles de personas habrían sido asesinadas por unidades de seguridad como las FAES, lo que ha motivado denuncias reiteradas de organismos internacionales, incluida la Organización de las Naciones Unidas.
El rol de las FAES y las denuncias internacionales
Las FAES fueron creadas como cuerpo élite policial, pero organizaciones humanitarias y entidades multilaterales las identificaron rápidamente como una de las estructuras más cuestionadas del aparato represivo venezolano. Informes de la ONU y de organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han señalado ejecuciones extrajudiciales, uso excesivo de la fuerza, allanamientos sin orden judicial y torturas. En 2021, el Gobierno venezolano anunció la disolución formal de las FAES, en medio de fuertes presiones externas.
La demanda presentada en Brooklyn retoma buena parte de esta documentación internacional para argumentar que no se trató de “excesos aislados”, sino de una política de Estado dirigida a infundir miedo y disciplinar a sectores sociales considerados opositores. En ese contexto, se sostiene que Maduro, como jefe de Estado y comandante en jefe de las fuerzas de seguridad, habría tenido pleno conocimiento de las operaciones y, lejos de frenarlas, las habría alentado o encubierto.
Maduro detenido en Nueva York y reclamo de reparación
El exmandatario venezolano se encuentra actualmente detenido en una cárcel de Nueva York, a la espera de un juicio penal por cargos vinculados al narcotráfico. La causa civil por presuntas ejecuciones extrajudiciales y torturas se suma así a su complejo frente judicial en territorio estadounidense, donde fiscales y demandantes privados buscan atribuirle responsabilidad tanto penal como económica.
Las familias que impulsan la demanda reclaman una compensación económica por los daños sufridos, aunque subrayan que su objetivo principal es obtener verdad, justicia y reconocimiento internacional de los crímenes denunciados. Especialistas en derecho internacional consultados señalan que este tipo de acciones en tribunales estadounidenses se apoya en normas que permiten juzgar violaciones graves a los derechos humanos cometidas fuera del país, cuando existen elementos de conexión con jurisdicciones de Estados Unidos.
“No se trata solo de una búsqueda de resarcimiento económico, sino de sentar un precedente para que estas violaciones no queden impunes”, remarcan los representantes legales de las familias.
La causa podría tener repercusiones políticas y diplomáticas de peso en la ya tensa relación entre Washington y Caracas. Al mismo tiempo, vuelve a colocar en el centro del debate internacional la situación de los derechos humanos en Venezuela y el reclamo de justicia de miles de familiares de víctimas que aseguran haber sufrido la violencia estatal en los últimos años.
