El inicio estaba previsto inicialmente para el 22 de febrero de 2024 en el ITEC de nuestra ciudad, pero fue reprogramado para el 14 de marzo en la sala de audiencia de Rosario, por ‘problemas técnicos’ según comunicó el Tribunal Oral Federal N° 2. “Creemos estar en condiciones de aportar soluciones que a corto plazo resuelvan las dificultades que se han presentado hasta la fecha”, sostuvieron las entidades de la región vinculadas a la Memoria.
De la Redacción de EL NORTE
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El pasado 14 de marzo en Rosario -en la sala de audiencia de Bv. Oroño 940- comenzó el cuarto tramo del juicio conocido como ‘Saint Amant’, en el que se juzgan delitos cometidos durante la última dictadura contra 74 víctimas, en la jurisdicción del Área Militar 132 que abarcaba gran parte del noroeste de la provincia de Buenos Aires, como los partidos de San Nicolás, Baradero, San Pedro, Ramallo y Pergamino. El inicio estaba previsto inicialmente para el 22 de febrero de 2024 en el ITEC de nuestra ciudad, pero fue reprogramado para el 14 de marzo por ‘problemas técnicos’, según comunicó el Tribunal. Organismos de Derechos Humanos de la región reclaman que las audiencias del juicio ‘Saint Amant IV’ se desarrollen en las ciudades de los hechos que se juzgan.
Las entidades firmantes del pedido que se extendió al Tribunal Oral Federal N° 2 de Rosario son: Mesa por la Memoria de Baradero, Casa por la Memoria por la Verdad y la Justicia de Ramallo, Mesa por la Memoria de San Pedro, Comisión Provincial por la Memoria, Mesa de la Memoria por la Justicia de San Nicolás, Sitio de Memoria Ruperto Tito Méndez, Frente por la Memoria Colectiva de Junín y Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos de Pergamino.
Argumento del Tribunal
“Debe dejarse en claro que este tribunal ha mantenido y mantiene la firme convicción de que es necesario -en la medida de las posibilidades- desarrollar la audiencia de juicio en las distintas localidades en donde presuntamente han ocurrido los hechos que serán materia de debate, máxime cuando estamos en presencia de sucesos que -conforme los términos de los requerimientos de elevación a juicio- se enmarcan en el contexto del último gobierno de facto que tuvo nuestro país y han sido catalogados por las partes acusadoras como delitos de lesa humanidad. Sin embargo, es imprescindible contar con los mínimos recaudos e insumos técnicos que permitan prestar el servicio de justicia de la mejor manera posible y que, de momento, no está garantizado”, expuso el Tribunal al momento de reprogramar el inicio del juicio en Rosario.
‘Urgente, encontrar una solución’
Por su parte, los organismos de derechos humanos expresaron en el escrito enviado al Tribunal que “la decisión así adoptada dificulta enormemente la posibilidad de que las víctimas y la ciudadanía en general que desde hace más de 40 años esperan el inicio del presente debate puedan participar en forma presencial”. “Se impone con carácter urgente encontrar una solución que permita efectivizar la manda constitucional que ordena que los hechos sean juzgados en los lugares en que fueron cometidos –art. 118 de la C.N.–. Resulta sumamente relevante para la memoria histórica de estas comunidades poder participar del hecho histórico que representa un juicio de la naturaleza del que aquí se ventila. Lejos de ser una cuestión antojadiza, Rosario se encuentra a 70 kilómetros de San Nicolás, a 141,7 km de Pergamino y a 160,8 km de Baradero. Además, el espacio físico con que cuenta la Sala de audiencia del Tribunal resulta muy reducido. A su vez, téngase en cuenta que muchas de las víctimas, familiares y allegados, compañeros de militancia, etcétera, son personas adultas mayores con enormes dificultades para movilizarse y no gozan de un estado de salud apto para poder hacerlo. A tal fin, creemos estar en condiciones de aportar soluciones que a corto plazo resuelvan las dificultades que se han presentado hasta la fecha”, señalaron.
También indicaron cuestiones referentes al transporte en materia de disposición de los servicios necesarios, frecuencias, acceso y costos, que dificultan los traslados a Rosario.
Megacausa
El nombre de esta megacausa es por el excoronel Manuel Fernando Saint Amant, al mando durante la dictadura del Área Militar 132, y que falleció en marzo de 2016 en el penal de Ezeiza mientras cumplía prisión perpetua desde 2012, luego de ser condenado ese año en el primer debate de la causa.
Desde esa instancia, ya fueron condenados 16 represores y la última condena fue en 2020. Ahora el Tribunal Oral Federal N° 2 de Rosario, integrado por Román Lanzón, Eduardo Rodríguez Da Crus y Elena Beatriz Dilario, dio comienzo a este cuarto juicio.
A los acusados se les imputan los crímenes de secuestros, torturas y asesinatos. Entre los 12 imputados hay responsables del Área Militar 132, integrantes de las delegaciones locales de la Policía Federal y de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la provincia de Buenos Aires (DIPBA). Se trata de los exintegrantes del Batallón de Ingenieros de Combate 101 de San Nicolás Antonio Federico Bossie (excapitán, prestó funciones de oficial de Operaciones y oficial de Inteligencia), Guillermo Aníbal Piccione (excapitán, cumplió las funciones de oficial de Logística y de Personal) y Bernardo Luis Landa (exteniente primero, se desempeñó como oficial de Logística); el exintegrante del Destacamento de Inteligencia 101 de San Nicolás Omar Andrada (exteniente coronel, fue jefe del organismo); los excabos de la delegación San Nicolás de la Policía Federal Hubo Bellet, Adrián Domingo Meisner y Gregorio Florentino Mancilla; y los exoficiales de la delegación San Nicolás de la Dirección General de Inteligencia de la Policía Bonaerense Enabel Otilio Cappa, Miguel Ángel Amarillo, Oscar Alberto Parodi y Raúl Calabresi, y el exsubteniente a cargo de la sección antisubversiva, Carlos Manuel Biglieri.
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