La Justicia entrerriana ordenó la prisión efectiva del exgobernador

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La Justicia de Entre Ríos ordenó este viernes por la noche la detención inmediata del exgobernador Sergio Urribarri, quien será trasladado desde su domicilio en Concordia hacia la Unidad Penal N°1 de Paraná para comenzar a cumplir una condena de ocho años de prisión por delitos de corrupción vinculados al manejo de la publicidad oficial durante su gestión.
Fuentes judiciales con acceso directo al expediente confirmaron que la resolución alcanza también a los otros dos condenados en la misma causa: Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri, y Pedro Báez, exministro de Comunicación de la provincia. “Los están yendo a buscar a todos ahora, viernes por la noche”, describieron las fuentes consultadas, en referencia al operativo dispuesto para concretar los arrestos.
El Tribunal de Juicio que dictó la condena dispuso que los tres implicados comiencen a cumplir sus penas en la cárcel de Paraná, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazara el último recurso pendiente y dejara firme la sentencia. De este modo, se cerró la vía de apelaciones y se activó la ejecución de la pena impuesta por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y peculado.
Traslado nocturno y rechazo a la prisión domiciliaria
La Policía de Entre Ríos fue la encargada de llevar adelante el procedimiento. Entre Concordia y Paraná hay alrededor de 280 kilómetros, un recorrido que demanda unas cuatro horas por ruta. Se estima que, de no mediar contratiempos, el ingreso de Urribarri a la unidad penal se concretaría durante la madrugada.
La defensa del exmandatario había intentado evitar la cárcel común mediante un pedido de prisión domiciliaria. Los abogados alegaron un cuadro de salud físico y mental que incluiría trastorno de estrés postraumático, hipertensión y afecciones cardíacas. Sin embargo, el tribunal rechazó el planteo por considerar que no se acreditaron razones médicas suficientes para suspender la ejecución de la pena ni para otorgar un régimen de detención alternativo.
Urribarri, de 67 años, fue condenado en 2022 por integrar un esquema de desvío de fondos públicos a través de empresas vinculadas a su cuñado. La investigación determinó que, entre 2010 y 2015, se simularon contratos de publicidad oficial que encubrieron un circuito de transferencias irregulares. En total, se acreditaron 143 operaciones que generaron un perjuicio económico superior a los 12 millones de pesos para el erario provincial, según los registros incorporados a la causa.
Una causa emblemática de corrupción en Entre Ríos
La detención efectiva de Urribarri marca un punto de inflexión en una de las causas de corrupción más relevantes de la historia reciente de Entre Ríos. El exgobernador fue una figura central del oficialismo provincial durante más de una década y llegó a ocupar cargos de alto perfil a nivel nacional, lo que potencia el impacto político y simbólico de la decisión judicial.
- La condena quedó firme tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
- El esquema investigado involucró contratos de publicidad oficial simulados entre 2010 y 2015.
- El perjuicio económico para la provincia fue estimado en más de 12 millones de pesos.
- Además de Urribarri, cumplirán pena Juan Pablo Aguilera y el exministro Pedro Báez.
La resolución judicial consolida uno de los fallos más significativos en materia de combate a la corrupción en el ámbito provincial, con consecuencias políticas y judiciales que seguirán repercutiendo en Entre Ríos.
Con el fallo firme y el inicio de la pena en prisión efectiva, el caso Urribarri se convierte en un antecedente clave para futuras investigaciones sobre el uso de recursos públicos. Mientras el exgobernador se prepara para atravesar su primera noche detenido en Paraná, el escenario político entrerriano vuelve a poner bajo la lupa los mecanismos de control y transparencia en la administración estatal.

