Ercolini pone la lupa sobre el patrimonio vinculado a la UOM
NewsITe
El juez federal Julián Ercolini ordenó nuevas medidas de prueba en la causa que investiga el patrimonio y presuntas maniobras financieras vinculadas a la exdirigente de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) María Soledad Calle, propietaria de un departamento en el mismo edificio de la calle San José 1111 donde reside la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
En una resolución reciente, el titular del Juzgado Federal N° 10 requirió a la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA) los informes de dominio de dos vehículos de alta gama asociados a Calle: un Peugeot 3008 GT Pack y un BMW M135 xDrive. El objetivo es reconstruir el origen de los bienes, su historial registral y eventuales vínculos con el gremio metalúrgico o con contratos de consultoría cuestionados.
La pesquisa se centra en un contrato de locación de servicios firmado entre la UOM y la firma USEM S.A., una sociedad que habría sido creada por la propia Calle en 2022. Según surge del expediente, esa empresa percibía una comisión del 0,50% por la creación y administración de cuentas corrientes vinculadas a un fideicomiso del sindicato, un esquema que para los investigadores podría esconder un posible conflicto de intereses y desvío de fondos.
Flota de vehículos del gremio y millonarias multas de tránsito
En paralelo, la Justicia identificó una nutrida flota de vehículos registrados a nombre de la UOM o formalmente vinculados al gremio, varios de ellos con importantes infracciones de tránsito acumuladas. Entre los rodados figuran:
- Un Peugeot 2008, con multas por $684.300.
- Un Fiat Fastback, también con infracciones por $684.300.
- Un Toyota Corolla Cross, con sanciones que suman $512.475.
- Una Renault Kangoo, con el mismo monto adeudado: $512.475.
- Un Jeep Compass, con multas por $342.000.
Dentro del parque automotor ligado al sindicato también se registran una Volkswagen Taos Highline y una Ford Territory, que al momento no presentan infracciones vigentes. Para los investigadores, el análisis de la flota, sus usos y gastos asociados forma parte del mapa patrimonial que rodea al gremio y a los exdirigentes bajo la lupa judicial.
Medidas de prueba clave para seguir la ruta del dinero
Además del pedido de informes a la DNRPA, Ercolini dispuso una serie de requerimientos con foco en el patrimonio de Calle y en la operativa económica de USEM S.A. En primer lugar, solicitó el informe de dominio histórico del primer piso del edificio ubicado en San José 1111, donde se encuentra el departamento de la exdirigente, con el fin de verificar las sucesivas operaciones de compra y titularidad.
En segundo término, intimó a la Agencia de Regulación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP) a remitir la totalidad de las declaraciones juradas presentadas por Calle en los últimos años. Con esa información, la Justicia buscará contrastar la evolución patrimonial declarada con los bienes identificados y los contratos celebrados con la UOM.
También se requirió el envío de todas las facturas emitidas por USEM S.A. a nombre del sindicato metalúrgico, para auditar cuánto dinero efectivamente percibió la firma en concepto de intermediación y administración del fideicomiso.
Las medidas apuntan a reconstruir el circuito de fondos y determinar si hubo abuso de poder sindical, auto-contratación o enriquecimiento injustificado a partir de recursos del gremio.
Con estos pasos, el expediente avanza hacia una etapa clave: el cruce de datos patrimoniales, fiscales y societarios que permitirá definir si se trató de una simple contratación de servicios o de un esquema irregular con posible impacto penal.
