El intendente atribuye el colapso financiero al conflicto con Ternium y al cierre del Laboratorio Ramallo, pero la oposición denuncia falta de planificación, discrecionalidad en el gasto y una deuda municipal que se multiplicó por siete en un año y medio.
La gestión del intendente Mauro Poletti atraviesa su momento más crítico. Con una deuda municipal que supera los 7.190 millones de pesos, la preocupación se extiende entre concejales, proveedores y vecinos de Ramallo. Sin embargo, lejos de asumir responsabilidades por el colapso financiero, el jefe comunal insiste en culpar a factores externos, como el cierre del Laboratorio Ramallo y el conflicto judicial con Ternium, el principal contribuyente industrial del distrito.
Hace días, desde la oposición se presentó una minuta de comunicación en el Concejo Deliberante para exigir un informe detallado sobre las cuentas municipales, los pagos pendientes y las medidas que se adoptarán para evitar que la crisis siga profundizando. Los concejales advirtieron que la deuda flotante aumentó un 700% en apenas un año y medio, mientras que las obligaciones con proveedores crecieron un 1.150%. Un deterioro que, según afirman, “compromete seriamente la capacidad del Municipio para sostener servicios esenciales”.
El intendente Mauro Poletti intentó justificar la crítica situación financiera atribuyéndole a la caída de la recaudación. Según explicó, el cierre del Laboratorio Ramallo y el conflicto judicial con la empresa Ternium provocaron una pérdida de ingresos sin precedentes. “Cuando Ternium empezó a pagar la mitad de las tasas —unos 500 millones menos por mes— y el laboratorio fue clausurado, el municipio dejó de percibir cerca de 900 millones de pesos mensuales”, aseguró el jefe comunal.
Poletti agregó que esta merma de recursos “obligó al municipio a reducir gastos y frenar la inversión en obra pública y seguridad” para mantener los servicios esenciales. En sus palabras, la suma de ambos factores generó un déficit mensual de entre 900 y 1.000 millones de pesos, lo que, según él, explica el fuerte endeudamiento con proveedores y la paralización de proyectos en marcha. “Nos quedamos con el 50% del aporte de Ternium y, al mismo tiempo, perdimos la compensación que el laboratorio hacía en medicamentos e insumos para el hospital”, expresó, señalando que su gestión “hace equilibrio todos los meses para seguir garantizando los servicios básicos”.
La explicación del intendente generó aún más malestar. Poletti argumentó que la caída de la recaudación se debe a la clausura del Laboratorio Ramallo, empresa señalada judicialmente por producir medicamentos con fentanilo que habrían provocado la muerte de más de 100 personas en distintos puntos del país. Pese a su escandaloso prontuario, ese laboratorio era —según reconoció el propio intendente— uno de los principales contribuyentes del Municipio y mantenía convenios con el Hospital Gomendio, aportando medicamentos por cientos de millones de pesos mensuales.
La oposición no tardó en cuestionar la relación económica que el Ejecutivo mantuvo con una empresa vinculada a un caso sanitario de semejante gravedad. “Es inadmisible que se haya sostenido financieramente al Municipio sobre acuerdos con un laboratorio investigado por delitos tan graves. No se puede construir gobernabilidad sobre la base de la complicidad”, sostuvieron.
Pero las contradicciones no terminan allí. Mientras Poletti justifica el derrumbe de las cuentas públicas en la pérdida de ingresos de ese laboratorio, mantiene una actitud de confrontación permanente con Ternium, la mayor fuente de empleo y recursos fiscales de la región. En lugar de buscar consensos para fortalecer la producción y la recaudación, el intendente optó por una política de “sofocamiento” hacia las grandes empresas, iniciando conflictos judiciales y trabas impositivas que hoy se traducen en menos ingresos para el Municipio.
A ello se suma el intento de implementar una nueva “tasa por peso y dimensiones” para los camiones, una medida que promete ahuyentar inversiones y encarecer la logística en el parque industrial y portuario. Mientras los proveedores locales reclaman pagos atrasados, las obras públicas se paralizan y los salarios municipales apenas se actualizan por debajo de la inflación, el intendente insiste en culpar a los demás por el desorden financiero de su propia administración.
La crisis económica del Municipio no es producto del azar ni de una “tormenta perfecta”, como intenta describir Poletti, sino el resultado directo de decisiones políticas erradas, falta de planificación y un manejo discrecional de los recursos. La deuda millonaria, los servicios deteriorados y el clima de desconfianza entre el Estado y el sector productivo son la consecuencia tangible de una gestión que parece haber perdido el rumbo.
