Acuerdo para cancelar la deuda del último año por coparticipación
NewsITe
El Gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires alcanzaron un nuevo entendimiento para poner fin a la deuda generada durante el último año por la Coparticipación Federal de Impuestos. El convenio contempla la cancelación de los montos adeudados mediante la transferencia a la administración porteña de una cartera de bonos con vencimiento a siete meses, lo que permite normalizar el flujo de recursos hacia las cuentas fiscales de la Ciudad.
El acuerdo se inscribe en la larga disputa que ambas jurisdicciones mantienen por el porcentaje de coparticipación que le corresponde a la Ciudad de Buenos Aires. En septiembre de 2024, y con el aval de la Justicia, Nación y Ciudad habían sellado un entendimiento preliminar mediante el cual el Estado nacional se comprometía a girar fondos equivalentes al coeficiente del 1,55%, tal como lo había reconocido la Corte Suprema en una medida cautelar dictada a fines de 2022.
Aunque ese primer esquema se cumplió durante los primeros meses del año siguiente, a partir de julio los pagos comenzaron a dilatarse, generando una nueva deuda que ahora se decidió saldar. Tras varias rondas de conversaciones políticas y técnicas, el Ministerio de Economía y el Gobierno porteño definieron que la Nación entregará títulos públicos con un plazo de siete meses para cancelar el pasivo acumulado en los últimos doce meses.
Qué incluye y qué deja afuera el nuevo entendimiento
Según se informó, el acuerdo actual abarca exclusivamente la deuda generada durante el último año, pero deja fuera los montos que la gestión porteña atribuye a decisiones tomadas durante el gobierno de Alberto Fernández. Desde la Ciudad remarcan que aún sigue pendiente el reclamo por unos 6.000 millones de dólares que, según sus cálculos, se originaron a partir de la quita de recursos dispuesta en 2020.
En plena pandemia, el entonces presidente Alberto Fernández redujo mediante el Decreto 735/2020 la porción de coparticipación que recibía la Ciudad del 3,5% al 2,32%. Más tarde, con la sanción de la Ley 27.606, el esquema se modificó nuevamente, fijando un 1,40% como coeficiente básico y un monto adicional para financiar el traspaso de la Seguridad. La Ciudad cuestionó esas decisiones, sostuvo que implicaban una merma sustancial y llevó el reclamo a la Corte Suprema.
A fines de 2022, el máximo tribunal dictó una medida cautelar que reconoció a CABA un coeficiente del 1,55%, que debía sumarse al 1,4% ya percibido por transferencia automática, lo que elevaba el total al 2,95%. Aunque la Corte había establecido que los giros se hicieran a través del Banco Nación en forma diaria, la Ciudad aceptó a pedido del Ejecutivo nacional que se concretaran en forma semanal desde el Tesoro, con el objetivo de facilitar la operatoria.
La reacción de Jorge Macri y el impacto fiscal para la Ciudad
Tras conocerse el nuevo entendimiento, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, destacó el resultado de la negociación. Subrayó que se trata de una solución alcanzada luego de “meses de trabajo conjunto” y diálogo permanente con el ministro de Economía, Luis Caputo, y remarcó la decisión de ambas partes de encauzar el conflicto por la vía institucional.
Macri también marcó diferencias políticas con la gestión anterior al recordar que el acuerdo actual no contempla la deuda originada durante el gobierno de Alberto Fernández, a la que calificó como consecuencia de una quita “intempestiva e inconstitucional” de recursos. Desde la administración porteña sostienen que seguirán impulsando las vías legales y políticas para que se salde esa porción del reclamo.
“Logramos un acuerdo con el Gobierno Nacional para cancelar la deuda por la coparticipación acumulada durante el último año”, expresó Jorge Macri al celebrar el entendimiento con la Nación.
La regularización de los fondos correspondientes al último año ya había sido contemplada por el Gobierno porteño en el Presupuesto 2026, lo que permitirá ordenar la planificación financiera de la Ciudad. Con la cancelación a través de bonos y la normalización de las transferencias, el Ejecutivo local espera reducir la incertidumbre sobre los recursos disponibles para obras, servicios y gastos corrientes, mientras continúa el debate de fondo sobre el porcentaje de coparticipación que le corresponde a la Capital.
