Delegación denuncia “inconsistencias falsas” y pide explicaciones
NewsITe
Los 15 integrantes de la Misión Internacional Humanitaria de Derechos Humanos, deportados en el aeropuerto de La Paz cuando intentaban ingresar a Bolivia, reclamaron una audiencia urgente con el canciller argentino Pablo Quirno para entregarle la documentación que, según afirman, desmiente las supuestas “inconsistencias” señaladas por la Cancillería.
La comitiva, integrada por legisladores, referentes políticos, sindicales y de organismos de derechos humanos, fue retenida durante unas siete horas en el área de Migraciones del aeropuerto paceño antes de ser expulsada hacia Santa Cruz de la Sierra. En un pronunciamiento público, acusaron al Gobierno de Rodrigo Paz Pereira de tomar una “decisión política” para impedir la veeduría internacional en medio de la grave crisis social que atraviesa el país vecino.
Los activistas calificaron de “falsas” las afirmaciones difundidas por Quirno en redes sociales y le exigieron que “deje de avalar” la expulsión dispuesta por las autoridades bolivianas. Sostienen que su documentación estaba en regla y que su ingreso había sido previamente autorizado por Migraciones en el aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra, donde realizaron una escala antes de volar a La Paz.
Relato de las siete horas de retención en el aeropuerto
Según reconstruyó la misión, al arribar a La Paz personal de Migraciones retuvo sus pasaportes y los presionó para que ingresaran a una sala denominada “Sala Inadmitidos”. Uno de los integrantes fue llevado por la fuerza a ese sector y, de acuerdo con la denuncia, permaneció incomunicado hasta que los reclamos del resto del grupo lograron su regreso al avión que los devolvería a Santa Cruz.
La delegación señaló que las autoridades se negaron a esperar la llegada de funcionarios del Consulado argentino, a quienes corresponde la representación consular ante eventuales vulneraciones de derechos a ciudadanos nacionales en el exterior. También relató que se utilizó la fuerza para obligarlos a abordar el vuelo de regreso cuando todavía no se les habían devuelto sus documentos.
Crisis política y social en Bolivia como telón de fondo
La expulsión de la comitiva argentina ocurre en un contexto de elevada conflictividad en Bolivia. Organizaciones sindicales y sociales alertan sobre la posibilidad de que el Poder Ejecutivo dicte el “Estado de Excepción” tras semanas de protestas, cortes de ruta y movilizaciones. La reciente promulgación de la Ley 1740 habilita el accionar conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía para reprimir manifestaciones y desbloquear caminos.
En base a datos oficiales de la Defensoría del Pueblo de Bolivia, la misión sostuvo que en poco más de un mes de conflicto se registraron al menos diez personas fallecidas, 37 heridos y 365 detenidos. Organizaciones campesinas elevan ese número con la denuncia de ocho asesinatos adicionales y señalamientos de presuntos secuestros cometidos por grupos civiles armados.
Respaldo político y social a la misión humanitaria
Para respaldar la legitimidad del viaje, la delegación exhibió notas firmadas por senadores y diputados bolivianos —entre ellos Richard Espada Ugarte, Judith Rosario García, Sonia Siñani Callisaya y Víctor Maranza Mamani—, así como adhesiones de la Liga Boliviana de Derechos Humanos y de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos Regional Provincias – La Paz.
- Apoyo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB).
- Acompañamiento de la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba.
“Vamos a seguir bregando por el pleno respeto a los derechos a protestar y a expresarse del pueblo de Bolivia, recogiendo la preocupación de las organizaciones de derechos humanos, sindicales y sociales de dicho país”, concluyeron los integrantes de la misión.
La comitiva anticipó que participará de la movilización convocada por la comunidad boliviana residente en la Argentina y propuso realizar una audiencia en el Congreso nacional para informar en detalle sobre lo ocurrido. En paralelo, insistirán en que el canciller Quirno los reciba para revisar la documentación y fijar la posición oficial argentina frente a la deportación.
