Milei promulgó los acuerdos con fondos que litigaban por la deuda
El presidente Javier Milei promulgó los acuerdos alcanzados con dos grupos de holdouts que mantenían reclamos judiciales contra la Argentina por deuda en cesación de pagos, heredada del histórico default declarado en 2001. La medida se formalizó mediante el Decreto 564/2026, publicado en el Boletín Oficial, y constituye el cierre del último litigio abierto en los tribunales internacionales por ese episodio.
Los entendimientos habían sido aprobados previamente por el Congreso Nacional mediante la Ley 27.818, sancionada en la Sala de Sesiones el 24 de junio de 2026. Con esta promulgación, el Poder Ejecutivo completa el trámite legal y habilita el cumplimiento efectivo de los compromisos asumidos con los acreedores.
El primer acuerdo fue firmado con el fondo Bainbridge Ltd por un monto de 67 millones de dólares, mientras que el segundo involucró al grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP, por 104 millones de dólares. Ambos actores integraban el universo de tenedores de títulos que no se habían sumado a los canjes de deuda anteriores y mantenían reclamos activos en la justicia.
Fuentes del mercado interpretan que el cierre de estos litigios contribuye a despejar uno de los capítulos más prolongados y costosos de la historia financiera argentina. Si bien los montos comprometidos son relativamente acotados en comparación con el total de la deuda pública, el mensaje al sistema financiero internacional apunta a mostrar voluntad de cumplimiento y previsibilidad jurídica.
Un capítulo que se cierra tras más de dos décadas
El default de 2001 implicó la cesación de pagos sobre cerca de 100.000 millones de dólares en títulos soberanos y derivó en múltiples juicios en distintos foros. A lo largo de más de dos décadas se sucedieron sucesivas reestructuraciones, negociaciones y acuerdos, pero una porción de acreedores mantuvo sus reclamos hasta ahora.
Con la promulgación de la Ley 27.818 y la puesta en marcha de los acuerdos con Bainbridge Ltd y el grupo liderado por Attestor Value Master Fund LP, el Gobierno busca dejar definitivamente atrás ese frente judicial. Analistas señalan que, en paralelo al impacto simbólico, esta resolución podría facilitar futuras gestiones de financiamiento externo y mejorar la percepción de riesgo del país en los mercados.
- Decreto 564/2026: instrumento que oficializa los acuerdos con los fondos.
- Ley 27.818: aprobada por el Congreso el 24 de junio de 2026, habilita el cierre de los litigios.
Resta ahora observar cómo impactará esta señal en las negociaciones económicas que el Gobierno mantiene con organismos internacionales, inversores privados y otros tenedores de deuda. En cualquier caso, el capítulo judicial del default de 2001 parece haber llegado a su punto final.
