El Gobierno recorta al mínimo los auxilios a las provincias.
En el marco de su cruzada por consolidar el déficit cero, el presidente Javier Milei prácticamente cerró el grifo de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) hacia las provincias durante el primer bimestre del año, afectando especialmente a los distritos gobernados por la oposición.
De acuerdo con datos oficiales, al 22 de febrero no se habían registrado giros de ATN a las provincias. El congelamiento se produjo en paralelo a las negociaciones en el Congreso por la reforma laboral, un terreno donde históricamente estos fondos discrecionales funcionaron como herramienta de presión y moneda de cambio para asegurar apoyos legislativos.
El antecedente inmediato se observó en enero, cuando el reparto también fue muy acotado. Según un informe de la consultora Politikón Chaco, solo se distribuyeron alrededor de $7.000 millones entre dos jurisdicciones: Chubut recibió $4.000 millones y Corrientes, $3.000 millones. Esto ocurrió pese a que, en ese mismo mes, el fondo de ATN ascendió a $92.071 millones, de acuerdo con la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP), lo que implica una ejecución de apenas el 7,6%, por debajo del ya bajo 9,2% registrado en enero de 2025.
La estrategia oficial tiene un efecto directo sobre las cuentas públicas nacionales: al no girarse, los recursos destinados a asistir a las provincias en situaciones de emergencia o desequilibrios financieros permanecen en la caja del Tesoro y ayudan a engrosar el superávit que el Ministerio de Economía exhibe mes a mes.
Un 2025 con ejecución mínima y récord de fondos retenidos
El cierre del ejercicio fiscal 2025 dejó al descubierto la profundidad del ajuste sobre los recursos provinciales. De un fondo total de ATN que alcanzó los $948.036 millones —integrado por una porción de la masa coparticipable y tributos como Ganancias—, la Casa Rosada solo distribuyó $207.500 millones. Es decir, apenas el 21,9% del total, reteniendo una cifra récord de $740.536 millones.
Los datos surgen de informes de ejecución presupuestaria elaborados por la propia Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) y diversas consultoras especializadas. El bajo nivel de ejecución, si bien algo superior al magro 7,3% de 2024, sigue muy lejos de los parámetros históricos: en 2023, casi el 78% del fondo fue efectivamente transferido a las provincias.
Quiénes ganan y quiénes pierden con el nuevo reparto
Dentro de este escenario de fuerte restricción, el reparto de los ATN mostró una marcada selectividad política. En diciembre, en plena discusión del Presupuesto 2026, el Ejecutivo aceleró los envíos y giró un tercio de todo lo distribuido en el año —unos $66.500 millones— en apenas dos semanas, cuando buscaba garantizar votos clave en el Congreso.
- Tucumán encabezó el ranking de provincias beneficiadas, con transferencias por $35.000 millones, luego de que el gobernador Osvaldo Jaldo sellara una alianza explícita con el oficialismo nacional.
- Misiones, Entre Ríos y Salta recibieron alrededor de $19.000 millones cada una, consolidando su lugar entre los socios más atendidos por la Casa Rosada.
- Chaco y Neuquén también se ubicaron entre los distritos favorecidos, con giros cercanos a los $18.000 millones cada una.
En el otro extremo, el Gobierno nacional mantuvo en cero a provincias abiertamente enfrentadas a la gestión libertaria, como La Rioja, Formosa y Tierra del Fuego. La provincia de Buenos Aires, el mayor distrito del país y gobernado por el peronismo, solo recibió $10.000 millones, destinados específicamente a atender la emergencia por las inundaciones en Bahía Blanca.
Con un nivel de ejecución que se mantiene muy por debajo de los años previos, la disputa por los fondos discrecionales promete seguir tensando la relación entre la Casa Rosada y las provincias. En un contexto de recesión y caída de la actividad, los gobernadores advierten que la asfixia financiera limita su capacidad de respuesta ante emergencias sociales y económicas, mientras el Gobierno nacional prioriza sostener el superávit como emblema de gestión.
