Un proyecto para atar el gasto público a un “cierre” del Estado
El presidente Javier Milei volvió a instalar en la agenda pública la idea de un “shutdown a la argentina”, una suerte de cierre parcial del Estado inspirado en el modelo de Estados Unidos. Según un informe de la consultora Epyca, dirigida por el economista Martín Kalos, el esquema que analiza el Gobierno implicaría suspender parte de las funciones estatales cuando se agote el presupuesto aprobado, con el objetivo central de preservar el equilibrio fiscal.
En el sistema norteamericano, el shutdown se activa cuando el Congreso no aprueba a tiempo el presupuesto federal. En el caso argentino, el borrador que se comenta en despachos oficiales plantea una diferencia clave: el mecanismo no se limitaría a la falta de presupuesto votado, sino que podría dispararse ante el riesgo de déficit, como forma de disciplinar el gasto público y bloquear cualquier intento de expansión fiscal.
Epyca interpreta que Milei ya piensa en un eventual segundo mandato y busca blindarse frente a reclamos de mayores partidas para áreas sensibles, como educación, salud o políticas sociales. La consultora recuerda, además, que el Gobierno ya recurrió al incumplimiento parcial de leyes vigentes —como la de financiamiento universitario o la de emergencia en discapacidad— para sostener el ajuste, una práctica que genera fuertes cuestionamientos en el plano constitucional.
Qué áreas se preservarían y cómo operaría el cierre
El borrador de “shutdown a la argentina” mantiene una lista de funciones consideradas esenciales, que seguirían operando aun cuando se detuviera parte de la administración pública. Entre ellas se ubican:
- Pago de jubilaciones y pensiones.
- Programas sociales y asistenciales.
- Cumplimiento de los compromisos de deuda pública.
- Gastos vinculados con seguridad interior y defensa.
El resto de las actividades podría pausarse una vez agotado el presupuesto. Antes de que esto ocurra, el Congreso tendría una instancia para definir qué áreas se detendrían y cuáles permanecerían activas. Si el Parlamento no tomara una decisión, la facultad de decidir quedaría en manos del Poder Ejecutivo, lo que abre un debate sobre la concentración de poder y el margen de discrecionalidad presidencial.
Una reforma sobre la Ley de Administración Financiera
De acuerdo con el informe de Epyca, el Gobierno busca canalizar esta iniciativa mediante una reforma de la Ley de Administración Financiera 24.156, sancionada en 1992 durante la gestión de Domingo Cavallo. Esa norma fue clave para ordenar las finanzas públicas tras años de alta inflación y descontrol fiscal, al fijar reglas de programación, ejecución y control del presupuesto nacional.
Para la consultora, el posible “shutdown” no es una medida aislada sino el tercer intento en la misma dirección: darle rango legal al equilibrio fiscal permanente. El primero fue la regla fiscal incluida en el Proyecto de Presupuesto 2025, que obligaba al Sector Público Nacional a mantener un resultado equilibrado o superavitario y a recortar gastos en proporción a cualquier caída de ingresos, afectando especialmente partidas sin piso mínimo por ley.
El segundo paso fue el proyecto de Estabilidad Fiscal y Monetaria, que proponía penas para quienes ordenaran emisión monetaria en violación de los límites establecidos. Ninguna de estas iniciativas prosperó en el Congreso. Ahora, el “shutdown a la argentina” aparece como un nuevo intento, que llega acompañado por la prevista reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y por sanciones penales para la emisión de dinero.
“El shutdown es el tercer intento de Milei de consagrar por ley el equilibrio fiscal permanente”, concluye el informe de Epyca Consultores.
Con una nueva correlación de fuerzas en el Congreso y el ajuste fiscal como bandera de gestión, el oficialismo apuesta a que este paquete de reformas tenga mayor recorrido legislativo. El debate promete ser intenso: en juego no sólo está la disciplina fiscal, sino también el alcance mismo del Estado y la protección de derechos sociales básicos.
