Michel cuestiona el RIGI y su impacto en las cuentas públicas
NewsITe
El diputado nacional por Entre Ríos y referente del Frente Renovador, Guillermo Michel, encendió una nueva alarma alrededor del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), uno de los pilares de la estrategia económica del Gobierno nacional para atraer capitales. A partir de un informe propio, el legislador advirtió que el esquema de beneficios impositivos previsto implica un costo fiscal significativo y que, en muchos casos, se aplicaría sobre proyectos que ya estaban anunciados antes de la implementación del régimen.
De acuerdo con el documento difundido por Michel y al que accedió Noticias Argentinas, el oficialismo parte de la premisa de que, sin el RIGI, una parte sustancial de las inversiones de gran escala no se habría concretado en el país. Sin embargo, el diputado sostiene que la mayoría de esos emprendimientos ya estaban en carpeta o habían sido comunicados públicamente por las compañías, por lo que el régimen terminaría otorgando beneficios fiscales sobre decisiones de inversión previamente tomadas.
En ese sentido, el entrerriano cuestionó el supuesto efecto disparador del RIGI y planteó que “se cae la idea de que sin este esquema esas inversiones no se habrían radicado en la Argentina y que, por lo tanto, la recaudación de referencia sería cero”. Para Michel, el debate no es solamente técnico, sino político: se trata de definir qué tipo de estímulos se otorgan y a cambio de qué compromisos concretos de inversión, empleo y agregado de valor local.
Un costo fiscal millonario y su impacto en el presupuesto
El informe difundido por el diputado pone el foco en el esfuerzo fiscal que implican las exenciones y reducciones impositivas previstas. Según sus cálculos, el costo asciende a casi 1.837 millones de dólares anuales para los primeros 13 proyectos ya aprobados bajo el RIGI, lo que representa alrededor de un 0,27% del Producto Bruto Interno. Se trata de un monto que, advierte, compite con otras necesidades urgentes del Estado nacional.
Michel remarcó que esos recursos que el fisco deja de percibir podrían destinarse a áreas sensibles como la salud pública, la educación y la seguridad, en un contexto de fuerte ajuste del gasto y de caída del poder adquisitivo. La discusión sobre el RIGI, así, se inscribe en una tensión más amplia entre la búsqueda de atraer grandes inversiones y la obligación de sostener prestaciones básicas para la población.
Preocupación por el efecto a futuro y el posible “Súper RIGI”
Otro de los puntos que subrayó el legislador es la dinámica a futuro del régimen. Michel advirtió que el impacto sobre las cuentas públicas está lejos de ser estático: el costo fiscal se incrementará en la medida en que se aprueben nuevos proyectos bajo el paraguas del RIGI y se sumen más compañías a los beneficios. En ese escenario, el porcentaje del PBI comprometido podría crecer año tras año.
- Primeros 13 proyectos con beneficios fiscales ya aprobados.
- Costo estimado de 1.837 millones de dólares al año.
- Equivalente aproximado al 0,27% del PBI argentino.
- Posible extensión del esquema con un “Súper RIGI”.
El diputado también apuntó contra la posibilidad de avanzar en un “Súper RIGI”, una versión ampliada del régimen que el oficialismo busca impulsar en el Congreso. De prosperar, podría incorporar nuevos sectores y condiciones aún más ventajosas para los grandes inversores, incrementando así el esfuerzo fiscal y tensionando todavía más los márgenes del presupuesto nacional.
“Ese número va a seguir creciendo a medida que el RIGI sume nuevas adhesiones y más aún si el ‘Súper RIGI’ obtiene aprobación parlamentaria y comienza a generar proyectos propios”, advirtió Michel.
Con estas críticas, el Frente Renovador y otros espacios opositores buscan reabrir el debate sobre la conveniencia del RIGI tal como está planteado. Mientras el Gobierno lo presenta como una herramienta clave para impulsar la llegada de dólares y obras de envergadura, sus detractores reclaman mayores salvaguardas para el interés fiscal, más exigencias de contenido nacional y una evaluación transparente del costo-beneficio de cada proyecto alcanzado por este régimen especial.
