La denunciante sostiene que mantuvo una relación durante más de una década con un religioso que ocultó que estaba casado y que la obligó a abortar en dos oportunidades. También cuestiona la actuación de la Iglesia durante la investigación interna.
Una mujer mendocina llevó su caso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación tras años de litigio contra el Arzobispado de Mendoza. La denunciante acusa a un diácono de haberle ocultado durante más de una década que estaba casado y de haberla obligado a interrumpir dos embarazos. Además, sostiene que la institución eclesiástica protegió al religioso cuando decidió denunciar lo ocurrido.
La presentación ante el máximo tribunal nacional llegó luego de una serie de resoluciones judiciales contradictorias en la provincia de Mendoza. Mientras instancias inferiores habían responsabilizado al Arzobispado por los daños denunciados, la Suprema Corte mendocina revocó esas decisiones y falló a favor de la Iglesia.
Una relación que terminó en una denuncia
Según el relato presentado por la mujer, la historia comenzó en 2003, cuando conoció a quien se presentó como viajante de comercio. Con el paso del tiempo iniciaron una relación de pareja y proyectaron una vida en común.
La denunciante afirma que durante años desconoció que el hombre tenía esposa e hijos. También asegura que ocupaba un rol destacado dentro de la Iglesia Católica mendocina, donde se desempeñaba como diácono permanente y director de un seminario.
De acuerdo con la presentación judicial, las reiteradas ausencias y explicaciones contradictorias terminaron despertando sospechas. Al confrontarlo, descubrió que mantenía una familia paralela y que había ocultado aspectos centrales de su vida personal.
La mujer sostiene además que fue obligada a abortar en dos oportunidades y que, tras conocerse la situación, el religioso se alejó definitivamente, dejándola a cargo de las responsabilidades económicas que compartían.
El rol del Arzobispado y la disputa judicial
En 2018 la denunciante decidió presentar el caso ante el Arzobispado de Mendoza y solicitó que se investigara la conducta del diácono y se evaluara su continuidad en funciones.
La Iglesia abrió un proceso canónico interno. Sin embargo, la mujer cuestionó la forma en que se desarrolló la investigación y afirmó que el procedimiento estuvo marcado por el secreto, la falta de información y situaciones que consideró revictimizantes.
Un año después inició una demanda civil por daños y perjuicios. Reclamó una indemnización de un millón de pesos y argumentó haber sufrido violencia institucional, psicológica y simbólica durante el trámite eclesiástico.
En 2023 obtuvo un fallo favorable. Posteriormente, la Cámara de Apelaciones confirmó la condena contra el Arzobispado y sostuvo que la autonomía religiosa no podía justificar la vulneración de derechos.
El caso llegó a la Corte Suprema
La situación cambió en marzo de 2024, cuando la Suprema Corte de Justicia de Mendoza revocó las resoluciones anteriores y dio la razón al Arzobispado.
Los jueces entendieron que las normas de secreto canónico se aplican de igual manera a hombres y mujeres y concluyeron que el expediente eclesiástico correspondía a una cuestión disciplinaria interna, sin constituir un hecho que generara responsabilidad civil.
Además, la resolución impuso a la denunciante el pago de las costas judiciales.
Tras ese revés, la defensa intentó acceder a la Corte Suprema mediante un recurso extraordinario federal, pero el pedido fue rechazado por el tribunal provincial. Ante esa situación, presentó una queja directa ante el máximo tribunal del país.
Los abogados sostienen que la sentencia vulnera garantías constitucionales y contradice compromisos internacionales asumidos por Argentina en materia de protección de los derechos de las mujeres. Ahora será la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que deberá resolver si toma el caso y analiza el fondo de la controversia.
