Megaoperativo desbarata red de contrabando de juguetes en la Ciudad

NewsITe
Un amplio operativo contra el contrabando llevado adelante por la Policía de la Ciudad y la Dirección de Investigaciones Aduana-ARCA permitió desarticular una red que distribuía juguetes, muñecos de peluche, artículos tecnológicos y útiles escolares ingresados de manera ilegal al país. La mercadería, valuada en una cifra multimillonaria, fue hallada en una serie de allanamientos realizados en distintos barrios porteños.
Según informaron fuentes policiales, solo en tres de los depósitos inspeccionados el valor de los bienes secuestrados supera los $5.600 millones, mientras se aguarda el resultado del arqueo completo en los demás inmuebles. La causa está en manos del juez en lo Penal Económico Diego Amarante, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 5, quien ordenó las medidas y la intervención de la Unidad Técnica Operativa Judicial (UTOJ).
La investigación se extendió durante siete meses y se originó a partir de denuncias de la UTOJ basadas en ciberpatrullajes, que permitieron detectar posibles maniobras de contrabando vinculadas a la oferta de productos a través de internet y redes sociales. En ese marco, los efectivos realizaron compras encubiertas, seguimientos y tareas de campo para reconstruir la cadena de importación, acopio, distribución y venta de la mercadería ilegal.
Depósitos allanados y mercadería secuestrada
Los allanamientos iniciales se llevaron a cabo en 13 domicilios ubicados en los barrios de Parque Patricios, Balvanera y Nueva Pompeya. Entre las direcciones mencionadas figuran inmuebles en Pasteur al 200, Sarmiento al 2300, Einstein al 100, Iguazú al 600, Atuel al 600, Deán Funes al 600, Cachi al 200, Castillo al 2400 y Luna al 300. En cinco de estos lugares se dispusieron consignas policiales permanentes para custodiar el enorme volumen de mercadería hallada.
En los procedimientos, los agentes se toparon con depósitos de grandes dimensiones repletos de juguetes y muñecos de peluche que imitaban productos de primeras marcas, además de útiles escolares, teléfonos celulares, computadoras, notebooks, tablets y documentación de interés para la causa. También se secuestraron dinero en efectivo, un automóvil y dos camionetas de alta gama presuntamente vinculadas a la organización.
Indicios sobre el ingreso ilegal al país
Durante la inspección de la mercadería, los investigadores detectaron que la mayoría de los envases presentaba tierra roja, un indicio que refuerza la sospecha de que los productos habrían ingresado por pasos fronterizos no habilitados en el norte del país. Además, en los depósitos no se halló documentación que acreditara el ingreso legal de los artículos al territorio nacional.
Los juguetes incautados son considerados apócrifos: llevan logos y diseños similares a los de marcas líderes del mercado pero no cuentan con las certificaciones oficiales de seguridad, lo que configura infracción a la ley de marcas y a las normas que protegen la salud y la integridad de los consumidores, especialmente de niñas y niños.
Nuevos secuestros y avance de la causa
A raíz de la magnitud de lo descubierto, entre el 6 y el 17 de noviembre se concretaron nuevos ingresos a tres depósitos ubicados en Cachi al 200, Atuel al 600 y Einstein al 100, todos en Parque Patricios. Allí se incautaron otros 1.589 fardos con artículos de juguetería: 448 en Cachi, 385 en Atuel y 756 en Einstein. Todo el material fue derivado a un depósito fiscal para su clasificación y valuación definitiva.
- Más de $5.600 millones en mercadería secuestrada solo en tres depósitos.
- Juguetes y peluches apócrifos que infringían la ley de marcas.
- Artículos sin certificaciones de seguridad ni respaldo documental.
- Operativos en 13 domicilios de tres barrios porteños.
La causa fue caratulada como infracción a la Ley 22.415 del Código Aduanero, que sanciona el contrabando y las maniobras vinculadas al ingreso ilegal de mercadería al país.
Con el avance de las pericias sobre la documentación y los dispositivos electrónicos secuestrados, la Justicia busca determinar la estructura completa de la organización, los responsables económicos y las eventuales conexiones con otras redes de contrabando. El caso vuelve a poner en foco el impacto del comercio ilegal en la economía formal y en la seguridad de los consumidores, así como la necesidad de fortalecer los controles en las fronteras y en los canales de venta digitales.

