La Corte frena la desregulación total de las cuotas de prepagas

NewsITe
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso que las empresas de medicina prepaga deberán volver a solicitar autorización previa del Gobierno nacional antes de aplicar aumentos en las cuotas. El pronunciamiento del máximo tribunal impacta de lleno sobre el esquema de desregulación impulsado por el DNU 70/2023 del presidente Javier Milei y devuelve al Estado su rol de control sobre las tarifas del sector.
El fallo, firmado por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, declaró la inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del DNU 70/2023. Esos artículos habían habilitado una liberalización casi absoluta de los incrementos de las prepagas, lo que derivó en fuertes subas de las cuotas durante los primeros meses de 2024. Para la Corte, el Poder Ejecutivo no demostró la existencia de una “necesidad y urgencia” concreta que justificara eliminar el control estatal sobre un servicio esencial como la salud.
En su resolución, los jueces remarcaron que “no basta con invocar una emergencia genérica” para dictar un decreto de necesidad y urgencia que altere de manera significativa el régimen de protección de los usuarios. De esta forma, el tribunal entendió que la desregulación tarifaria dispuesta para las prepagas carecía del sustento constitucional requerido para avanzar sin la intervención del Congreso.
Vuelve el control de la Superintendencia y se caen los aumentos automáticos
Al quedar sin efecto la desregulación de los artículos cuestionados, la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) recupera la potestad de revisar, fiscalizar y autorizar previamente los aumentos pedidos por las empresas de medicina prepaga. El control deberá realizarse a través de los mecanismos vigentes en la normativa: análisis de la estructura de costos de las compañías y cálculo actuarial de las cuotas.
Además, la Corte revocó el tramo de la sentencia dictada por la Cámara Federal de La Plata que había establecido que las subas de las prepagas quedaran automáticamente atadas al Índice de Precios al Consumidor (IPC). En adelante, cualquier variación de valores deberá someterse al procedimiento administrativo correspondiente ante la SSS y no podrá aplicarse de forma unilateral.
Los supremos aclararon, sin embargo, que la declaración de inconstitucionalidad se limita a los artículos 267 y 269 del DNU, sin pronunciarse sobre el resto del decreto 70/2023, que continúa vigente en sus demás disposiciones. De esta manera, el tribunal circunscribió el alcance de su decisión al capítulo referido específicamente a la medicina prepaga.
El caso Bobbio y el impacto en los usuarios de Swiss Medical
El pronunciamiento fue dictado en la causa “Bobbio, María del Carmen c/ Swiss Medical S.A. s/ amparo ley 16.986”. La afiliada había cuestionado los fuertes incrementos que la prepaga aplicó tras la entrada en vigencia del DNU 70/2023. Según se detalla en el expediente, el plan “SM02” registró un aumento del 110% entre diciembre de 2023 y febrero de 2024, al pasar de $136.161,21 a $301.218,02 en apenas dos meses.
La demandante sostuvo que, de haberse aplicado la resolución 2577/2022 del entonces Ministerio de Salud, el incremento autorizado para enero de 2024 habría sido del 6,26% y no de las cifras de dos dígitos que terminaron impactando en su economía familiar. Por ello, pidió que se dejaran sin efecto los aumentos posteriores al DNU y se revisara la validez del marco regulatorio que los había habilitado.
Para la Corte Suprema, la emergencia económica no habilita, por sí sola, a despojar a los usuarios de medicina prepaga de la tutela estatal sobre los aumentos de cuotas.
El fallo sienta un precedente relevante para el resto de los afiliados de la medicina prepaga, que atravesaron en el último año incrementos muy por encima de la inflación promedio. A partir de ahora, las empresas estarán obligadas a justificar técnicamente sus pedidos de aumento y a esperar la autorización de la Superintendencia antes de trasladarlos a las facturas, en un contexto de alta sensibilidad social frente al costo de la cobertura de salud.

