Escuelas e instituciones públicas en la mira por contratar a Argentina Salud
NewsITe
La investigación por la presunta clínica trucha Argentina Salud sumó en las últimas horas un dato inquietante: más de 30 escuelas e instituciones públicas habrían contratado sus servicios médicos, según confirmaron fuentes judiciales. Los investigadores esperan que ese número se incremente a medida que avanza la causa, que ya es considerada una de las más graves en materia de ejercicio ilegal de la medicina en la provincia de Buenos Aires.
La causa, que se tramita en el ámbito judicial bonaerense y tiene como epicentro la localidad de González Catán, permitió reconstruir cómo operaba el establecimiento bajo la fachada de una clínica habilitada. De acuerdo con los testimonios, Argentina Salud ofrecía prestaciones médicas, traslados en ambulancia y hasta instancias de formación, utilizando incluso un esqueleto de procedencia ilegal para exhibir conocimientos técnicos ante estudiantes y docentes.
En el expediente figuran hasta el momento seis detenidos, entre ellos Alberto Santarceri, señalado como dueño de la firma. Todos aguardan la ampliación de las imputaciones en su contra, a partir de los nuevos hechos vinculados a los convenios con escuelas y organismos públicos detectados por el fiscal de la causa, Fernando Garate. La incorporación de estas contrataciones agrava el cuadro procesal de los acusados, al mostrar un alcance mayor del circuito ilícito.
Declaraciones clave y médicos sin habilitación
Entre las medidas previstas para esta semana figuran nuevos llamados a declarar a testigos y ex empleados de la clínica. Varias de las indagatorias tomadas a quienes se presentaban como médicos resultaron fundamentales para desarmar la estructura. Uno de ellos, identificado por sus iniciales C.C., admitió ser doctor formado en Bolivia, pero reconoció no contar con habilitación para ejercer en la Argentina.
Según su testimonio, fue una ex compañera quien lo contactó con Santarceri para empezar a trabajar. A partir de ese vínculo, el presunto dueño le habría provisto el sello profesional del doctor Gonzalo La Torre y una oficina en la zona de Virrey del Pino. C.C. relató además que, cuando salían en ambulancia, transportaban certificados previamente firmados y sellados, listos para ser utilizados sin la intervención de un profesional legalmente matriculado.
El imputado también aportó detalles sobre la remuneración que recibía: según declaró ante la Justicia, le pagaban alrededor de $80.000 por guardia de 24 horas, una cifra que, para los investigadores, se enmarca en un esquema de precariedad y opacidad laboral, habitual en este tipo de maniobras. Esa información se suma a documentación secuestrada en operativos anteriores y a registros de llamadas y mensajes entre los implicados.
Una red que se extendía a la educación y a la salud pública
Otra de las declaraciones relevantes en la causa es la de D.S., quien aseguró ser médica formada en Cuba pero, al igual que C.C., no contar con matrícula habilitante en el país. La profesional reconoció haber atendido pacientes utilizando un sello profesional facilitado también por Santarceri, lo que complica aún más la situación del principal acusado como presunto organizador de la red.
- Más de 30 escuelas y entidades públicas habrían contratado servicios de Argentina Salud.
- Seis personas están detenidas, incluido el supuesto dueño, Alberto Santarceri.
- Testigos admiten haber ejercido sin habilitación, usando sellos de otros médicos.
- La Fiscalía espera nuevos testimonios y documentación en los próximos días.
“Las contrataciones con instituciones educativas y organismos públicos muestran la profundidad y el riesgo social del esquema montado por Argentina Salud”, señalan fuentes cercanas a la investigación.
La causa, que se apoya en testimonios, documentación secuestrada y peritajes, continuará en los próximos días con nuevas medidas de prueba. En el fuero judicial no descartan que aparezcan más escuelas y entidades estatales que hayan recurrido a la clínica sospechada, lo que podría derivar en nuevas imputaciones y en la revisión de eventuales responsabilidades administrativas por la falta de controles sobre la habilitación de los prestadores médicos.
