Falta de Defensor del Pueblo: 12 millones de argentinos sin protección institucional
NewsITe
Un informe del Observatorio del Control Público de la Fundación Éforo reveló una situación alarmante: más de 12 millones de argentinos no tienen garantizado el acceso a la Defensoría del Pueblo, una institución clave para la defensa de derechos ciudadanos. A 17 años de la última designación de un Defensor del Pueblo de la Nación por parte del Congreso, crecen las desigualdades entre provincias y se profundizan las brechas en el acceso a mecanismos de control ciudadano.
El relevamiento abarca 25 jurisdicciones —las 23 provincias, la Nación y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires— y da cuenta de una marcada disparidad institucional y presupuestaria. Seis provincias, entre ellas Mendoza, Salta, Misiones, Entre Ríos, Santa Cruz y La Pampa, directamente no cuentan con la figura del Defensor del Pueblo. En Tierra del Fuego, en tanto, la vigencia de la institución aparece como incierta, lo que genera aún más interrogantes sobre la cobertura real en el territorio nacional.
El estudio también revela que siete provincias no tienen partidas presupuestarias específicas para la función defensorial. Es decir, aun cuando formalmente existe la figura, no hay financiamiento claramente identificable para su funcionamiento. Esta combinación de ausencia institucional y falta de presupuesto deja a millones de personas sin una herramienta efectiva para reclamar frente a abusos del Estado o del sector privado.
La concentración de recursos es otro de los puntos críticos. Solo la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y la provincia de Buenos Aires concentran cerca del 91% de los fondos subnacionales destinados a defensorías del pueblo. Según la proyección presupuestaria, para 2026 la inversión de la Nación en la Defensoría del Pueblo será de unos $330 por ciudadano, un monto sensiblemente inferior al de varias provincias, incluso aquellas con cuentas públicas más ajustadas.
Desigualdad, género y presupuesto: los puntos más críticos
La directora del Observatorio del Control Público, Carla Pitiot, advirtió que sin recursos no hay defensa real de los derechos. “Si el discurso es defender a la gente, que se vea en el presupuesto”, remarcó, al señalar que la Defensoría del Pueblo de la Nación es la que menos invierte por habitante en todo el país. Provincias como Chaco y Córdoba destinan, según el informe, alrededor de un 50% más por ciudadano que el nivel nacional.
El trabajo también pone el foco en la falta de perspectiva de género en la normativa que da origen a las defensorías. Ninguna de las leyes de creación de estos organismos en las distintas jurisdicciones contempla de manera explícita el cupo de género para la designación de sus máximas autoridades, lo que evidencia una deuda pendiente en materia de representación y equidad.
La combinación de vacancias, desfinanciamiento y ausencia de criterios de paridad termina configurando un mapa desigual, donde el acceso a la protección de derechos depende en gran medida del lugar de residencia. Para especialistas en institucionalidad democrática, esto se traduce en un debilitamiento de los contrapesos al poder político y económico y, en definitiva, en una ciudadanía más vulnerable frente a abusos y arbitrariedades.
Qué es la Defensoría del Pueblo y por qué es clave para la democracia
La Defensoría del Pueblo es un organismo autónomo e independiente, pensado para actuar como un puente entre la ciudadanía y el Estado. Su misión central es proteger los derechos humanos, de usuarios y consumidores, y velar por el correcto funcionamiento de la administración pública, interviniendo tanto ante acciones como omisiones que puedan perjudicar a las personas.
- Recibe quejas y reclamos individuales y colectivos frente a violaciones de derechos.
- Investiga el desempeño de organismos públicos y empresas de servicios esenciales.
- Realiza recomendaciones, informes y evaluaciones de políticas públicas.
- Impulsa acciones judiciales en defensa de intereses colectivos y difusos.
- Desarrolla campañas de información y promoción de derechos en todo el país.
Entre los temas en los que suele intervenir se encuentran el acceso a la vivienda, la regulación de alquileres, la prevención de abusos en el mercado inmobiliario, la fijación de tarifas de servicios básicos —como agua, gas, electricidad, salud, educación y telefonía—, así como conflictos civiles y comerciales que afectan a amplios sectores de la población. También colabora en la defensa de derechos electorales y en el acompañamiento de organizaciones de la sociedad civil.
“Sin recursos no hay defensa posible de los derechos”, insistió Carla Pitiot, al reclamar una discusión seria sobre el financiamiento y la cobertura territorial de las defensorías del pueblo en la Argentina.
Desde la Fundación Éforo sostienen que el rol del Defensor del Pueblo debe ocupar un lugar central en cualquier debate sobre cómo construir un modelo de desarrollo más igualitario y justo. Mientras persistan vacantes, desfinanciamiento y desigualdades entre jurisdicciones, advierten, una parte significativa de la población seguirá desprotegida frente a los abusos del poder y a la vulneración cotidiana de sus derechos.
