Trabajadores de la salud, sindicatos, organizaciones sociales y asociaciones de pacientes marcharon en la Ciudad de Buenos Aires para reclamar el cese del ajuste sobre el sistema sanitario argentino.
Miles de trabajadores de la salud, organizaciones sociales, asociaciones de pacientes, sindicatos, universidades, autoridades sanitarias provinciales y municipales y ciudadanos participaron este martes de la Marcha Federal de Salud en la Ciudad de Buenos Aires para reclamar el cese del ajuste del Gobierno Nacional sobre el sistema sanitario argentino.
La movilización central comenzó frente al Ministerio de Salud de la Nación y avanzó hacia Plaza de Mayo bajo la consigna “La salud no puede esperar”. La convocatoria reunió a sindicatos, agrupaciones de pacientes y organizaciones sociales y médicas, y tuvo réplicas en distintos puntos del país.
La protesta expresó preocupación por el deterioro de las políticas públicas de salud, el desfinanciamiento de programas nacionales y el impacto de esas medidas sobre la vida cotidiana de millones de personas. La jornada concluyó con la lectura de un documento consensuado entre las organizaciones participantes.
La iniciativa buscó visibilizar la crisis que atraviesa el sector y el rechazo al plan impulsado por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Salud que encabeza Mario Lugones. La convocatoria contó además con el respaldo del gobernador bonaerense Axel Kicillof y del ministro de Salud provincial, Nicolás Kreplak.
Entre las organizaciones que participaron estuvieron el Foro por el Derecho a la Salud, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), integrado por gremios como UOM, Aceiteros, Aeronáuticos, Conadu, Conadu Histórica, Papeleros y Molineros, además de más de 140 organizaciones de distintas centrales obreras.
Los sectores convocantes denunciaron un recorte presupuestario de aproximadamente $63.000 millones en partidas públicas sanitarias y reclamaron frenar el “desguace” del sistema de salud.
De acuerdo con el documento difundido durante la movilización, el ajuste genera consecuencias concretas sobre la población. Entre los datos mencionados figuran la pérdida de cobertura médica para más de 742 mil personas, la reducción del Programa Remediar de 79 medicamentos gratuitos a 3 y un recorte del 40% en el presupuesto del PAMI.
El documento también sostuvo que las deudas con prestadores superan los $500.000 millones y que esa situación afecta la atención de jubiladas y jubilados, con dificultades para acceder a turnos y prestaciones.
La marcha además puso en agenda el desmantelamiento de políticas sanitarias consideradas esenciales por los organizadores. Entre ellas mencionaron la eliminación del Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (ENIA), el desfinanciamiento del Calendario Nacional de Vacunación, la situación del Instituto Nacional del Cáncer y del Instituto de Medicina Tropical, y la supresión de la autonomía de hospitales nacionales.
