La Cancillería abrió actuaciones por presuntas violaciones a la legislación argentina vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas. Los procedimientos también alcanzan a accionistas y compañías proveedoras de servicios.
El Gobierno nacional inició procedimientos sancionatorios contra 45 personas y empresas vinculadas con actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas. La medida forma parte de la nueva estrategia oficial para reforzar el reclamo argentino sobre el archipiélago.
La Cancillería abrió las actuaciones para determinar posibles violaciones a las prohibiciones establecidas en el artículo 2° de la Ley 26.659. La decisión fue comunicada por la Oficina del Presidente y se adoptó por instrucción del presidente Javier Milei.
El alcance de los procedimientos no se limita a las compañías que desarrollan directamente actividades hidrocarburíferas. También fueron incluidos accionistas de esas empresas y firmas que habrían prestado servicios necesarios para el desarrollo de sus operaciones.
Desde la Oficina del Presidente indicaron que las actuaciones alcanzarán a empresas que presuntamente llevan adelante actividades hidrocarburíferas de manera ilegítima en la plataforma continental argentina, además de sus accionistas y proveedores.
El primer avance tras los anuncios de Milei
La decisión se conoció después de que Milei anunciara un endurecimiento de la política argentina frente a las actividades hidrocarburíferas que se desarrollan en torno a las Islas Malvinas.
Entre las medidas informadas por el Gobierno se encuentra una modificación en el mecanismo de aplicación de la Ley 26.659, con el objetivo de agilizar los procedimientos contra empresas que intervengan en esas actividades sin autorización de la Argentina.
El Ejecutivo también anunció el envío al Congreso de un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.
Según había explicado el canciller Pablo Quirno, la estrategia oficial no apunta únicamente contra empresas petroleras. También contempla compañías que brindan servicios financieros, petroleros, de seguros y otros apoyos vinculados con la actividad.
Quirno había señalado que unas 180 empresas fueron notificadas por su relación con actividades hidrocarburíferas o por prestar servicios a firmas que operan en la zona. Los procedimientos iniciados contra 45 personas y compañías constituyen ahora el primer avance administrativo sobre casos determinados.
Qué implica el procedimiento sancionatorio
La apertura de las actuaciones no implica que las 45 personas y empresas ya hayan recibido sanciones. Los procedimientos administrativos deberán establecer si existieron infracciones y, en caso de comprobarse, determinar las penalidades correspondientes.
La Ley 26.659 establece restricciones para la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina cuando esas actividades se realizan sin autorización de las autoridades nacionales.
Uno de los principales proyectos bajo la mirada del Gobierno es Sea Lion, desarrollado en aguas próximas a las Islas Malvinas. Entre las compañías vinculadas se encuentran Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum.
En el comunicado oficial, el Gobierno reiteró la posición argentina sobre la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y de los espacios marítimos correspondientes.
Con la apertura de los 45 procedimientos, el Ejecutivo puso en marcha la primera aplicación concreta del nuevo esquema sancionatorio contra actividades hidrocarburíferas relacionadas con las Islas Malvinas.
