La Ciudad respalda el nuevo Régimen Penal Juvenil tras fallo clave
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El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y la senadora nacional por La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, celebraron la decisión de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, que dejó sin efecto el fallo de primera instancia que había frenado la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil (Ley 27.801) en el ámbito porteño.
La resolución revocó la sentencia de la jueza Laura Beatriz De Marinis, quien había declarado inconstitucional la norma y sobreseído a un adolescente de 14 años acusado por tentativa de robo. Además, el tribunal dispuso el apartamiento de la magistrada de la causa, que continuará ahora en manos de otro juez. La medida fue interpretada por referentes del oficialismo nacional y de la Ciudad como un fuerte mensaje frente a decisiones judiciales que buscan limitar políticas criminales definidas por el Congreso.
En sus redes sociales, Jorge Macri calificó la resolución como “un necesario freno al garantismo judicial” y remarcó que “la ley está para cumplirse”. “Si quieren legislar, vayan al Congreso”, sostuvo el mandatario porteño, en una clara crítica a la actuación de De Marinis, a quien acusó de exceder el rol de control de constitucionalidad para entrar en el terreno de las decisiones de política criminal.
Críticas al fallo original y defensa del rol del Congreso
Patricia Bullrich, hoy senadora y una de las principales espadas políticas del oficialismo, también respaldó el pronunciamiento de la Cámara. Destacó que la apelación permitió revertir lo que consideró una sentencia “cuestionable” y apuntó contra la discrecionalidad judicial a la hora de aplicar las leyes. “Lo que no contempla la ley es que una jueza elija qué leyes aplicar según su ideología. Las víctimas no eligieron ser víctimas; quien comete un delito debe responder ante la Justicia”, enfatizó.
La Ley 27.801, conocida como nuevo Régimen Penal Juvenil, fue aprobada por el Congreso Nacional con el objetivo de actualizar la respuesta del Estado frente a delitos cometidos por menores de edad, combinando herramientas de responsabilización penal con medidas de protección integral de derechos. El fallo de primera instancia había encendido la alarma en el oficialismo, que interpretó la decisión de De Marinis como un intento de bloquear una política criminal debatida y sancionada en el ámbito legislativo.
Los fundamentos de la Cámara de Apelaciones
La resolución de la Sala III fue firmada por unanimidad por los jueces Ignacio Mahiques, Martín Larocca y Fernando Franza. En los fundamentos, los camaristas cuestionaron duramente el criterio de la magistrada de primera instancia y remarcaron que el control de constitucionalidad no habilita a los jueces a reemplazar las decisiones de política criminal adoptadas por los poderes democráticos.
- Ignacio Mahiques sostuvo que el control de constitucionalidad tiene límites y no puede utilizarse para anular, sin sólidos fundamentos, políticas penales definidas por el Congreso.
- Fernando Franza habló de un “claro supuesto de arbitrariedad y extrema gravedad institucional” al evaluar el fallo de De Marinis, al entender que la Ley 27.801 no colisiona con la Constitución ni con tratados internacionales.
“La magistrada incurrió en un adelanto de opinión sobre la conducta de los menores imputados, lo que comprometió su imparcialidad para seguir al frente de la causa”, concluyó el tribunal al ordenar su apartamiento.
Con este pronunciamiento, la causa contra el adolescente de 14 años acusado de tentativa de robo seguirá tramitándose bajo la órbita de otro juez y la Ciudad de Buenos Aires recupera la plena vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil. El fallo se inscribe en una discusión más amplia sobre los límites del poder judicial en materia de política criminal y el rol del Congreso como ámbito de definición de las leyes penales en la Argentina.
