Un informe del CELS revela que la administración nacional apenas resolvió 10.000 trámites en más de dos años, mientras acumula 227.000 expedientes. El 72% de ese total inició el proceso antes del 31 de diciembre de 2023 y 90.791 lo hicieron entre enero de 2024 y abril de 2026. Ivana Bustos contó a EL NORTE que comenzó la gestión para la pensión de su hijo ante la Anses en el primer período. A nivel bonaerense, el IPS también demora respuestas.
De la Redacción de EL NORTE
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A un año de la aprobación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, organizaciones y familias advierten que prácticamente no hubo avances. En relación con las pensiones no contributivas por discapacidad, de acuerdo con la respuesta de un pedido de acceso a la información pública que hizo el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), más de 227.000 personas aguardan la resolución de la solicitud. El 72% de ese total inició el trámite antes del 31 de diciembre de 2023 y 90.791 lo hicieron entre enero de 2024 y abril de 2026. Como había dado cuenta EL NORTE un par de meses atrás, los casos locales comparten la problemática y aún hoy siguen sin ningún tipo de respuesta.
Ivana Bustos inició la pensión no contributiva por discapacidad de su hijo mediante la evaluación médica en el Cempre en diciembre de 2023 y luego continuó con los trámites en la Anses. “Ahí me dicen de palabra que estaría denegada, pero en el seguimiento que se ve por pantalla no hay nada oficial. El expediente figura como en curso. Solo aparece empezado correctamente el inicio de prestación el 27 de diciembre de 2023. Desde el organismo solamente responden que tengo que esperar que me llegue una carta con la notificación. Fui a la Defensoría Federal, donde un abogado nos dijo que hasta que no tengamos la carta no se puede hacer nada. Mi hijo cuenta con el Certificado Único de Discapacidad y tiene 21 años. Él no sale si no es con nosotros”, explicó y confirmó ayer, en diálogo con este medio, que hasta el momento no recibió ningún tipo de novedad.
Lo mismo expuso Patricia Galiano, en este caso, con la pensión que tramitó en el Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia de Buenos Aires en octubre de 2025. “Me dijeron que iba a demorar un par de meses, pregunto regularmente y me responden que está en evaluación. Para mí, el trámite se encuentra tal cual lo presenté, sin avances”, señaló. En la jornada pasada detalló que desde el organismo le dicen que la gestión se encuentra en Fiscalía de Estado, donde deben determinar si corresponde el beneficio. “Sería de ayuda para las circunstancias económicas que atravesamos. Además, si corresponde por ley, no debería haber ningún impedimento”, sostuvo.
Dificultades de acceso
El tema de las pensiones y de los aranceles a los prestadores fueron precisamente algunos de los puntos señalados en una carta que diferentes organizaciones –entre ellas, el CELS y la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI)– enviaron al presidente de la Sala II de la Cámara Federal de San Martín, cuyo tribunal se expidió sobre planteos contra la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad. “Hogares, centros de día, centros educativos terapéuticos, transportistas y demás prestadores se ven obligados a reducir servicios, endeudarse o cerrar sus puertas ante el profundo atraso de los aranceles y el aumento sostenido de los costos”, indicaron en el escrito. Las consecuencias, agregaron, “recaen directamente sobre las personas con discapacidad y sus familias, las cuales sufren la interrupción de apoyos esenciales, pérdida de tratamientos, dificultades para acceder al transporte, retrocesos en procesos de inclusión social, educativa y laboral, y mayores niveles de aislamiento y dependencia”.
Una acción que se sumó para empeorar este panorama fue la derogación del régimen de compensaciones para los pasajes gratuitos en el transporte de larga distancia, “así como por la falta de participación efectiva de las organizaciones representativas en el diseño de las políticas públicas”, sintetizaron.
A un año de la ley, “todavía es más lo que está en la letra que lo que se ha concretado”, marcó Pablo Molero, presidente del Foro Permanente de Discapacidad.
Necesidades e inflación
“Se trata de personas que esperan que el Estado cumpla con su obligación de garantizar el derecho a una pensión”, subrayó el CELS y marcó: “La falta de resolución expone a las personas con discapacidad a una situación de extrema vulnerabilidad”. Para muchas personas con discapacidad, la pensión representa el único ingreso estable. “Ese dinero cubre necesidades básicas como alimentación, medicamentos y transporte. La falta de transparencia y la ausencia de plazos claros generan incertidumbre y desprotección”, recordó el CELS en su informe.
Desde diciembre de 2023, el Gobierno otorgó apenas 8633 pensiones y rechazó 1741 solicitudes. En total, resolvió 10.374 casos en más de dos años. Así, la gestión solo avanzó en un 4,5% del total.
Asimismo, en los últimos doce meses, las pensiones por discapacidad perdieron nueve puntos en relación con la inflación. Con un bono extraordinario de $70.000 incluido, estos haberes apenas superan los $350.000.
