La denuncia fue presentada ante el Juzgado en lo Penal Económico N° 7 y apunta contra siete firmas, en su mayoría españolas. Las acusan de “contrabando” y de explotar recursos del Atlántico Sur con licencias otorgadas por autoridades británicas de Malvinas.
Un estudio de abogados argentino presentó una denuncia penal contra siete empresas pesqueras que operan en el mar argentino con licencias británicas de Malvinas. La presentación fue radicada ante el Juzgado en lo Penal Económico N° 7 y acusa a las firmas, en su mayoría de origen español, de extraer recursos del Atlántico Sur sin habilitación argentina.
Los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, en representación de la organización Reset Republicano, presentaron la denuncia por “contrabando” contra directivos, administradores y representantes legales de las empresas y sus sociedades mixtas.
La presentación apunta a compañías que operan en el Atlántico Sur con autorizaciones expedidas por las autoridades británicas de Malvinas.
“Las empresas denunciadas estarían operando activamente en el Atlántico Sur mediante la explotación comercial ilícita de recursos pesqueros. Dichas firmas habrían solicitado y obtenido supuestas “licencias de pesca” otorgadas de manera ilegítima por la administración colonial británica que ocupa las Islas Malvinas (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte)“, sostiene la denuncia.
“Las llamadas ‘licencias de pesca’, en realidad, son verdaderas patentes de corso otorgadas para destruir el patrimonio itícola de la República Argentina”, añadió el documento.
Además, los abogados agregaron, que “los buques de las firmas denunciadas estarían procediendo a la captura masiva de recursos vivos marinos dentro del mar territorial y plataforma continental argentina”.
Las siete empresas denunciadas
La causa recayó en el juzgado del juez Juan Pedro Galván Greenway, según informó el propio estudio en redes sociales.
Las empresas señaladas en la denuncia son Lanzal (Petrel Fishing Company Ltd.), Grupo Pereira (Argos Group Ltd.), Pescapuerta (South Atlantic Squid), Copemar (South Atlantic Squid), Ferralmes (Castelo Fishing Co.), Hermanos Touza (Beaufort Fishing Ltd.) y Moradiña (Polar Ltd.).
Según la presentación, las firmas evaden los controles de la Aduana argentina y exportan de manera clandestina recursos pesqueros de la Plataforma Continental y la Zona Económica Exclusiva bajo licencias que los denunciantes consideran ilegítimas por haber sido expedidas por una potencia ocupante.
Los abogados invocaron los artículos 863, 864 y 865 inciso a. del Código Aduanero, que tipifican la evasión del control aduanero y la exportación clandestina de mercadería.
A través de su cuenta de X, Reset Republicano calificó las licencias de pesca otorgadas por las autoridades de Malvinas como “verdaderas patentes de corso”.
“Lo que el gobierno no haga, lo haremos nosotros”, cerraron los denunciantes.
El Gobierno analiza ampliar las sanciones
La denuncia se conoció mientras el Gobierno analiza incluir la actividad pesquera en el proyecto de sanciones a empresas petroleras que enviará al Congreso. El Ejecutivo ultima detalles de una iniciativa para reforzar su posicionamiento respecto de la soberanía de las Islas Malvinas.
La legislación vigente ya contempla multas para empresas vinculadas con buques que pescan sin permiso argentino. Sin embargo, el Gobierno estudia reforzar su aplicación dentro del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que todavía se encuentra en estado borrador.
La Argentina cuenta desde 2008 con herramientas legales para sancionar los vínculos con actividades pesqueras sin permiso argentino en Malvinas.
El artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca establece que quienes reciben cuotas o autorizaciones de captura en el país deben declarar que no mantienen relaciones jurídicas, económicas o de beneficio con propietarios o armadores que pesquen en aguas argentinas sin autorización nacional.
La norma también contempla relaciones indirectas a través de sociedades vinculadas o controladas.
Si se comprueba una violación, pueden caducar los permisos, las cuotas y las autorizaciones de captura de la empresa alcanzada.
El Ejecutivo analiza ahora qué modificaciones incorporará al paquete que enviará al Congreso para ampliar el alcance de las sanciones sobre actividades vinculadas con Malvinas.
