La Fiscalía detalla el rol de Los Sauces en la causa por lavado
NewsITe
En las primeras audiencias del juicio por las causas Hotesur y Los Sauces, la Fiscalía comenzó a describir ante el Tribunal Oral Federal N.º 5 el funcionamiento de la inmobiliaria vinculada a la familia Kirchner, a la que acusa de haber sido una pieza central en una presunta maniobra de lavado de dinero que se habría extendido durante una década.
De acuerdo con el requerimiento de elevación a juicio, Los Sauces S.A. fue creada el 7 de noviembre de 2006 en Río Gallegos por Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y su hijo Máximo. La firma se inscribió con un amplio objeto social —actividades inmobiliarias, comerciales, hoteleras, de turismo y servicios— y un capital inicial de 100.000 pesos, repartido en un 45% para cada uno de los ex presidentes y el 10% restante para su hijo.
Desde el inicio, el control de la sociedad quedó en manos del núcleo familiar. Máximo Kirchner fue designado presidente del directorio, mientras que sus padres quedaron como directores suplentes. Según el fiscal Diego Velasco, entre 2006 y 2016 los órganos de gobierno de la empresa se integraron casi exclusivamente con miembros de la familia Kirchner o personas de su entorno directo, en una estructura “espejada” que habría garantizado el manejo interno de todas las decisiones.
Directorio familiar y empresarios amigos
En las primeras asambleas de 2007 y 2008, Néstor, Cristina y Máximo aprobaron los ejercicios económicos de la sociedad. A partir de 2009, cuando comenzaron los contratos de alquiler con empresarios vinculados a la obra pública, como Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Souza, Máximo obtuvo poderes especiales para representar a sus padres y resolver por unanimidad en nombre del directorio.
Hasta 2015, cuando dejó la presidencia de la firma, el diputado fue quien aprobó balances, convalidó la compra de propiedades, terrenos y hoteles, y avaló los contratos de alquiler con las empresas hoy investigadas. Tras la muerte de Néstor Kirchner en 2010, su hija Florencia ingresó en 2012 como vicepresidenta de Los Sauces, y en 2015 Romina Mercado, sobrina de la ex presidenta, asumió la presidencia.
La acusación sostiene que los hijos de los ex mandatarios y su sobrina participaron activamente en la adquisición de inmuebles y en la firma de contratos de locación que, según la hipótesis fiscal, habrían servido para canalizar fondos de origen ilícito bajo la apariencia de alquileres legítimos.
Empresa sin sede ni personal estable
Otro de los ejes señalados por la Fiscalía es el funcionamiento real de la inmobiliaria. En el expediente se consignan tres domicilios vinculados a Los Sauces, pero ninguno con el formato típico de un negocio del rubro: uno era un estudio contable, otro el domicilio particular de Máximo Kirchner y el tercero el estudio del contador Víctor Manzanares.
- Entre 2006 y 2010 la empresa no registró empleados formales.
- En 2010 se incorporó un único empleado: el jardinero personal de Cristina Kirchner.
- En 2015 se sumó Florencia Kirchner como empleada, aunque la Justicia no pudo determinar sus funciones.
Según la investigación, la sociedad atravesó una extensa etapa de aparente “inactividad” comercial entre diciembre de 2006 y enero de 2009. No obstante, en ese período se concretó la compra de una decena de propiedades y terrenos, así como participaciones en hoteles, que luego serían destinados a contratos de alquiler con los denominados “empresarios amigos”.
Para la Fiscalía, esos alquileres no fueron tratados ni aprobados formalmente por el directorio, sino que se habrían acordado de manera directa con las firmas privadas que hoy también están bajo la lupa judicial.
Los fiscales sostienen que, a través de esta estructura societaria cerrada, sin personal ni sede comercial tradicional y con un directorio dominado por la familia Kirchner, se habría montado un circuito para blanquear fondos y aumentar el patrimonio de la sociedad. La defensa de los imputados, por su parte, niega que haya existido delito alguno y alega que se trató de operaciones comerciales lícitas, algo que el Tribunal deberá resolver en el tramo final del proceso.
