El modelo cordobés se instala como referencia nacional
NewsITe
El Senado de la Nación dio un nuevo paso en la discusión para crear un marco regulatorio federal para el mercado de carbono, en una jornada de comisiones en la que el modelo ambiental y energético de Córdoba, impulsado por el gobernador Martín Llaryora, fue puesto como ejemplo de referencia para el resto del país.
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Durante un plenario de las comisiones de Legislación General, Ambiente y Presupuesto, legisladores nacionales escucharon a representantes del sector público, privado y organizaciones de la sociedad civil. El eje del debate fueron los proyectos que buscan ordenar y dar previsibilidad a la compraventa de créditos de carbono en Argentina, un negocio en expansión a nivel global vinculado a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
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La discusión cuenta con respaldo político de gobernadores del norte argentino, actores clave en cada votación en el Congreso. Entre los impulsores de las iniciativas se destacan las senadoras Flavia Royón (Salta) y Sonia Rojas Decut (Misiones), y el exgobernador y senador chaqueño Jorge Capitanich, todos con fuerte anclaje territorial y vínculo directo con los ejecutivos provinciales.
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En representación de Córdoba, el secretario de Transición Energética, Pablo Gabutti, presentó las políticas que viene desarrollando la administración de Llaryora para articular acción climática y desarrollo productivo. Según explicó, la provincia promueve la instalación de biodigestores y proyectos de biogás para transformar residuos orgánicos en energía limpia, generando al mismo tiempo créditos de carbono comercializables.
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Gabutti detalló que el inventario provincial de gases de efecto invernadero calcula unas 30 millones de toneladas de dióxido de carbono emitidas por año, de las cuales cerca del 50% proviene del sector energético. En ese contexto, la estrategia cordobesa apunta a la biotecnología y al aprovechamiento de efluentes agropecuarios y rellenos sanitarios para capturar metano y convertirlo en biogás, que luego se inyecta al Sistema Argentino de Interconexión (SADI).
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Uno de los casos emblemáticos presentados ante los senadores fue el de 3C Biogás S.A., una planta ubicada en General Cabrera e integrada por las cooperativas COTAGRO y COPESP. Se trata de la primera instalación de biogás del país en certificar créditos de carbono bajo el Estándar Provincial CBA, una normativa técnica diseñada por Córdoba para ordenar y transparentar este mercado emergente.
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Con auditoría a cargo del IRAM, la firma procesó más de 200.000 toneladas de residuos orgánicos y logró emitir 29.369 créditos de carbono –equivalentes a toneladas de CO₂ evitadas– correspondientes al período 2022-2024. Esos activos ambientales fueron negociados en el Mercado de Valores y Activos Ambientales (MEVA), plataforma desarrollada junto con las bolsas de cereales de Córdoba y Bahía Blanca.
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Para los defensores de la regulación, la experiencia cordobesa demuestra que es posible combinar objetivos climáticos con competitividad, reducción de costos y atracción de inversiones hacia las economías regionales. La expectativa oficial es que una ley nacional otorgue seguridad jurídica, unifique criterios y evite superposiciones normativas entre provincias, condición clave para seducir capitales internacionales interesados en proyectos de descarbonización.
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Hacia un marco federal para inversiones verdes
En el cierre de su exposición, Gabutti respaldó de manera explícita el avance de un esquema regulatorio federal para el mercado de carbono. Sostuvo que la Argentina tiene potencial para convertirse en un jugador relevante en la oferta de créditos de alta calidad, apoyada en su matriz agroindustrial y en el desarrollo de energías renovables, siempre que exista una normativa clara y estable.
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- El inventario cordobés registra 30 millones de toneladas de CO₂ anuales.
- La mitad de esas emisiones proviene del sector energético.
- Más de 200.000 toneladas de residuos orgánicos ya fueron procesadas por 3C Biogás.
- Se emitieron 29.369 créditos de carbono certificados entre 2022 y 2024.
“Se pueden potenciar todas estas experiencias con una normativa nacional que dé certeza jurídica, evite confusiones y atraiga inversiones a la Argentina”, enfatizó Gabutti ante los senadores.
Con el impulso político de Llaryora y el respaldo de varias provincias, el Senado seguirá analizando en las próximas semanas los distintos proyectos en danza. En el oficialismo y la oposición coinciden en que regular el mercado de carbono puede convertirse en una herramienta estratégica para canalizar inversiones verdes, modernizar la matriz energética y reducir el impacto ambiental de la producción, en un contexto de creciente presión internacional por la descarbonización.
