El oficialismo se prueba en un Senado menos dócil

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La Libertad Avanza (LLA) afronta una semana clave en el Senado, donde el oficialismo busca sesionar para aprobar alrededor de 70 pliegos, entre ellos nombramientos judiciales de alto impacto político. Sin embargo, el escenario dista de ser el de los primeros meses del gobierno de Javier Milei: los aliados ya no convalidan de forma automática la agenda del Poder Ejecutivo y exigen la inclusión de proyectos propios.
La presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, intenta garantizar los acuerdos necesarios en la antesala de la reunión de Labor Parlamentaria convocada para el miércoles 26 a las 14. Allí se definirá si finalmente se habilita la sesión del jueves, en un contexto en el que cada voto se negocia por separado y las mayorías ya no están aseguradas.
Los bloques dialoguistas reclaman un temario más amplio y advierten que la etapa de acompañamiento casi incondicional terminó. El oficialismo, que no tiene número propio, debe articular con radicales, macristas, referentes provinciales y sectores peronistas que buscan reafirmar su autonomía política y legislativa.
Pliegos judiciales bajo la lupa
Entre los puntos centrales para el Gobierno se encuentran los pliegos judiciales, en especial los de los integrantes de la Sala I de la Cámara Federal porteña, Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola. Esa cámara tiene un rol decisivo en la revisión de causas sensibles, como la investigación por la denominada megaestafa Libra, en la que aparecen mencionados el presidente Javier Milei y su hermana, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.
En el oficialismo admiten que la disputa por estas designaciones excede lo institucional y se inscribe en una pulseada de poder dentro del sistema judicial. Contar con jueces de confianza en fueros clave es considerado un aspecto estratégico para un Gobierno que enfrenta causas de alta exposición pública y teme que los tribunales se conviertan en un factor de presión política.
Aliados peronistas en repliegue y rol clave de UCR y PRO
Otro cambio de escenario se advierte en los bloques provinciales de raíz peronista, que hasta hace poco se alineaban con buena parte de las iniciativas de LLA. Tras la polémica por la ley de extranjerización de tierras, varios de esos senadores comenzaron a tomar distancia y retomaron canales de diálogo con el peronismo más tradicional.
Si esas bancadas dejan de actuar como aliadas circunstanciales, la arquitectura parlamentaria que sostuvo al oficialismo durante el último período legislativo se debilita sensiblemente. En ese marco, los votos de la UCR y del PRO ganan peso específico, aunque tampoco resultan suficientes por sí solos para garantizar una mayoría estable.
Fuentes parlamentarias señalan que Bullrich intenta bajar la tensión con los radicales mendocinos Rodolfo Suárez y Mariana Juri, y con el senador bonaerense Maximiliano Abad. El Gobierno los considera imprescindibles para proyectos estructurales como el Presupuesto nacional y una eventual reforma electoral, dos debates que se proyectan como los más intensos del último trimestre del año.
Una agenda ampliada y negociaciones “arduas y complejas”
Para sostener sus mayorías, LLA empezó a abrir el juego a temas impulsados por sus socios legislativos. En la agenda figuran iniciativas de bloques provinciales y dialoguistas, como los proyectos sobre “bonos verdes” vinculados al mercado voluntario de carbono, y las designaciones de cónsules honorarios reclamadas por la UCR.
- Los aliados exigen introducir cambios en los proyectos oficiales cuando observan impactos sobre economías regionales o intereses productivos.
- El denominado “Super RIGI”, ya aprobado en Diputados, volverá a ser discutido en comisiones del Senado, donde buscan habilitar la participación de industrias ya existentes y mayor injerencia de las provincias.
- Si se aprueban modificaciones sustanciales, el texto deberá regresar a la Cámara baja, lo que complica los tiempos legislativos que pretende el Gobierno.
Entre los pedidos de cambio se incluyen condiciones para que los futuros inversores realicen obras en rutas nacionales y se amplíe el rol de las provincias en los estudios previos de cada proyecto. Estas demandas expresan una señal: acompañar al oficialismo tendrá, de ahora en más, un costo político y legislativo concreto.
En el oficialismo reconocen que las negociaciones por el Presupuesto y la reforma electoral serán “arduas y complejas”, en un contexto de fragmentación y alianzas volátiles.
El trasfondo de la discusión excede la sesión de esta semana. En el Senado comienza a configurarse un nuevo equilibrio de poder, en el que LLA debe administrar tensiones con radicales, macristas, peronistas y representantes provinciales. La capacidad del Gobierno para sostener acuerdos y ceder en parte de su agenda será determinante para definir si mantiene en pie sus principales proyectos o queda atrapado en un Congreso cada vez más exigente.

