El radicalismo cuestiona la desregulación que impulsa el Gobierno
NewsITe
La Unión Cívica Radical (UCR) salió a marcar posición frente al proyecto del Gobierno nacional que busca modificar la Ley de Tierras y la normativa de Manejo del Fuego. A través de un comunicado de su Comité Nacional, el partido centenario expresó su rechazo a los cambios que se discuten en el Senado y advirtió sobre el riesgo que, a su entender, implican para la soberanía y el control de los recursos estratégicos del país.
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El debate legislativo se da en torno al proyecto de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, cuyo tratamiento estaba previsto para la última sesión de la Cámara alta pero fue retirado del temario por falta de acuerdos y de votos suficientes. La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, pidió posponer la discusión para la sesión del 6 de agosto, en busca de garantizar los apoyos necesarios.
En este contexto, los 10 senadores del radicalismo aparecen como un bloque clave para la suerte de la iniciativa. Hasta el momento, solo tres de ellos —Maximiliano Abad, Daniel Kroneberger y Flavio Fama— manifestaron de manera abierta su rechazo a la eliminación de las actuales limitaciones a la compra de tierras por parte de extranjeros. El resto mantiene posiciones más ambiguas, atravesadas en varios casos por la cercanía política de algunos gobernadores radicales con la Casa Rosada.
Qué dice la Ley de Tierras vigente
La normativa actual, impulsada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y defendida por la UCR en su momento, fija un tope del 15% de tierras rurales en manos extranjeras en todo el territorio nacional. De ese porcentaje, solo el 30% puede corresponder a una misma nacionalidad. Además, establece que un mismo titular extranjero no puede superar las 1.000 hectáreas en la zona núcleo productiva.
La ley también prohíbe que personas o empresas extranjeras adquieran inmuebles rurales que lindan con ríos, lagos o se ubiquen en áreas fronterizas sensibles. Según datos mencionados en el comunicado radical, actualmente hay cerca de 13 millones de hectáreas en manos de capitales extranjeros, lo que representa alrededor del 5% de la superficie del país, y más de 30 zonas ya habrían superado los límites permitidos.
Las objeciones al proyecto oficialista
El proyecto del Gobierno propone flexibilizar de manera significativa estas restricciones y otorgar a cada provincia la facultad de definir sus propios criterios sobre la compra de tierras por parte de extranjeros. Para la UCR, este esquema podría derivar en una desregulación desigual y generar una fuerte presión sobre territorios con recursos estratégicos, como reservas de agua, zonas productivas o áreas de frontera.
- El radicalismo remarca que el Estado debe promover la producción, la inversión y la innovación, pero sin renunciar a herramientas de control sobre el territorio.
- Advierte que la modificación podría facilitar la concentración de grandes extensiones en manos de grupos extranjeros.
- Señala que, en países como Estados Unidos, Canadá o Francia, existen regulaciones estrictas para este tipo de operaciones.
Otro punto de conflicto es la inclusión, dentro del mismo paquete legislativo, de cambios a la Ley 26.815 de Manejo del Fuego. La Casa Rosada pretende eliminar o reducir por décadas las restricciones a los cambios de uso del suelo luego de incendios, lo que para ambientalistas y sectores de la oposición abre la puerta a procesos de especulación inmobiliaria y avance sobre áreas protegidas.
“Defender nuestra soberanía implica hacer cumplir la legislación existente. Debe haber límites razonables a la compra de tierras por parte de extranjeros”, subraya el comunicado de la UCR.
Si bien el pronunciamiento lleva la firma del Comité Nacional que preside el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, en el Senado persisten matices internos. La discusión, prevista ahora para agosto, medirá no solo la fuerza del oficialismo sino también el grado de cohesión del radicalismo frente a un tema que cruza soberanía, mercado de tierras y modelo de desarrollo.
