La cuasimoneda riojana otra vez en el centro de la escena
NewsITe
La Rioja quedó nuevamente bajo la lupa nacional al decidir que una parte del último aumento salarial a los empleados estatales se pague mediante los denominados Chachos, el bono de cancelación de deuda provincial que funciona como una cuasimoneda. La medida, impulsada por la gestión del gobernador Ricardo Quintela, busca aliviar el deterioro del salario en un contexto económico adverso, pero al mismo tiempo vuelve a exponer la fragilidad de las cuentas públicas.
De acuerdo con estimaciones oficiales, la administración riojana otorgó una recomposición de entre el 14% y el 15% para la planta estatal, lo que implica un esfuerzo adicional cercano a los $12.200 millones mensuales. Con este incremento, la masa salarial pasaría de unos $81.000 millones a alrededor de $94.000 millones. Sin embargo, una porción clave del aumento se instrumenta mediante una suma de $50.000 en Chachos por trabajador.
Estos bonos provinciales, que ya se habían convertido en un símbolo de la crisis fiscal riojana, vuelven así al centro de la escena. Para la Casa de Gobierno, se trata de una herramienta válida para sostener el poder de compra de los estatales en un contexto de restricción de recursos y caída de la actividad. Pero para buena parte de la oposición y de los propios trabajadores, el uso de una cuasimoneda refleja más un problema estructural que una solución de fondo.
En la práctica, el debate se traslada a la calle: los estatales observan no solo el porcentaje de aumento, sino también cuánto pueden comprar efectivamente con esos Chachos, qué comercios los aceptan, en qué condiciones y a qué valor relativo frente al peso. La aceptación real del bono, los plazos de circulación y el eventual costo financiero para la Provincia se vuelven interrogantes centrales.
Una señal de debilidad fiscal que preocupa
La reiteración del uso de cuasimonedas instala a La Rioja en un lugar incómodo dentro del mapa provincial argentino. Mientras otras jurisdicciones discuten paritarias, obra pública o equilibrio de cuentas, el gobierno riojano debe explicar por qué necesita complementar los sueldos con un instrumento paralelo al peso. La pregunta que se repite es si el problema es meramente salarial o si responde a un cuadro fiscal más delicado.
Economistas y analistas advierten que el recurso a bonos provinciales puede servir para atravesar una coyuntura, pero también envía una señal de debilidad hacia adentro y hacia afuera de la provincia. Un salario que se completa con Chachos deja de ser exclusivamente ingreso laboral para transformarse en parte de un esquema de supervivencia financiera del Estado.
- Recomposición salarial estimada entre el 14% y el 15% para estatales riojanos.
- Esfuerzo fiscal adicional de unos $12.200 millones al mes, con masa salarial cercana a los $94.000 millones.
- Una parte del aumento se paga con $50.000 en Chachos por trabajador.
La gran incógnita es cuánto tiempo podrá la Provincia sostener este esquema y cuándo los empleados volverán a percibir la totalidad de su recomposición en pesos.
Mientras tanto, la discusión política se intensifica. Quintela insiste en que la prioridad es mantener el ingreso de los estatales en un escenario nacional complejo, pero cada nueva emisión de Chachos reaviva las dudas sobre la solidez fiscal de La Rioja. La resolución de este conflicto, y la posibilidad de regresar a un esquema salarial íntegramente en moneda nacional, será clave para recuperar la confianza de trabajadores, proveedores y comercios locales.
