Quintela afronta un vencimiento clave en medio de la crisis de deuda
El Gobierno de La Rioja debe desembolsar este lunes el equivalente a US$ 7.720.439,51 por un título de deuda pública, al tiempo que la provincia continúa en situación de default por otro bono bajo legislación extranjera. La dualidad en el tratamiento de sus compromisos refuerza el clima de incertidumbre alrededor de la política financiera de la gestión de Ricardo Quintela.
Según documentación oficial a la que accedió la prensa, el vencimiento corresponde al sexto servicio de amortización e intereses de los Títulos de Deuda Pública Clase II RIL32, emitidos originalmente en dólares y con vencimiento final previsto para 2032. El pago se integra por US$ 6.125.668 en concepto de capital y US$ 1.594.771,51 en intereses devengados entre el 21 de enero y el 20 de julio de este año.
Aunque las obligaciones están nominadas en moneda estadounidense, la administración provincial informó que el desembolso se realizará en pesos argentinos al tipo de cambio aplicable, de acuerdo con lo establecido en el prospecto de emisión. Los fondos serán transferidos a través del sistema electrónico del Banco Central a una cuenta de Caja de Valores, siguiendo el circuito habitual para este tipo de operaciones.
El título RIL32 fue emitido por un monto nominal original de US$ 49.005.344, con una tasa fija anual del 7,5% y pagos semestrales de intereses. La amortización de capital se estructura en ocho cuotas anuales equivalentes al 12,5% de la emisión. Cada vencimiento representa una prueba para las cuentas provinciales, en un contexto de caída de recursos y restricciones para acceder al crédito.
Pagos selectivos y conflicto por el Bono Verde
Más allá de que este vencimiento se inscribe en el cronograma habitual de deuda, el caso adquiere un fuerte componente político porque La Rioja mantiene en simultáneo un default con acreedores internacionales. Se trata de los llamados Bonos Verdes, emitidos para financiar el desarrollo del Parque Eólico Arauco, un proyecto emblemático de la provincia en materia energética.
La cesación de pagos sobre ese instrumento se inició en febrero de 2024, cuando la gestión de Quintela dejó impaga una cuota de capital cercana a los US$ 16 millones. A partir de allí, los tenedores avanzaron con acciones legales en tribunales del exterior e intentaron identificar activos provinciales y participaciones estatales que pudieran ser objeto de eventuales medidas judiciales.
Mientras la administración honra determinados títulos, como el RIL32, y los cancela en pesos, mantiene una confrontación abierta con quienes poseen bonos emitidos bajo legislación extranjera. Esa estrategia de pagos selectivos expone una estructura financiera fragmentada y una prioridad puesta en obligaciones que pueden resolverse en el mercado local.
Impacto fiscal y dudas sobre la sostenibilidad
Desde el Gobierno provincial se insiste en que la caída de transferencias nacionales y la pérdida de recursos federales complica el cumplimiento pleno de los compromisos en moneda dura. Sin embargo, especialistas en finanzas públicas advierten que las decisiones sobre emisión, reestructuración y jerarquización de pagos dependen de la conducción política y del Ministerio de Hacienda local.
- El vencimiento de este lunes demuestra que la provincia cuenta con recursos para atender parte de su deuda.
- El default sobre el Bono Verde erosiona la confianza de los mercados y encarece el acceso a nuevo financiamiento.
- Los litigios en el exterior podrían derivar en embargos o restricciones sobre activos asociados al parque eólico y otras inversiones públicas.
La coexistencia de pagos puntuales y deuda en cesación refuerza la percepción de que La Rioja aplica una política de cumplimiento selectivo, con riesgos sobre su reputación crediticia y su patrimonio.
En las próximas semanas, la gestión de Quintela deberá precisar cómo se integra este pago en el esquema global de deuda, cuál es el stock actualizado de obligaciones en moneda extranjera y qué margen existe para una reestructuración ordenada del Bono Verde. Por ahora, la provincia transita una delgada línea entre el cumplimiento parcial de sus bonos y un default que la coloca como un caso atípico entre las jurisdicciones argentinas.
