La Rioja reconoce restricciones para afrontar un nuevo vencimiento de su deuda
NewsITe
El gobierno de La Rioja, encabezado por Ricardo Quintela, comunicó al mercado que enfrenta serias limitaciones para cumplir con el próximo pago de amortización e intereses de sus Títulos de Deuda a Tasa Incremental con vencimiento en 2028, cuyo servicio está previsto para el 24 de agosto. La advertencia quedó formalizada ante la Bolsa de Comercio de Buenos Aires a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas provincial.
La notificación fue remitida el 18 de agosto a la Gerencia Técnica y de Valores Negociables de la Bolsa, apenas seis días antes del vencimiento contractual. En la comunicación oficial, la Provincia evitó precisar el monto del pago comprometido y no informó qué nivel de liquidez tiene actualmente el Tesoro riojano ni qué alternativas financieras se encuentran en estudio para afrontar la obligación.
Los títulos en cuestión no corresponden a una deuda reciente. Se trata de bonos originados en una emisión internacional por 300 millones de dólares concretada en 2017, con una tasa de interés del 9,75% anual y vencimiento inicial en 2025. En 2021, tras un proceso de reestructuración, La Rioja logró la adhesión del 98,61% de los tenedores y extendió el cronograma de pagos hasta 2028, modificando el esquema de intereses y amortizaciones.
Sin embargo, aquel alivio no alcanzó para normalizar por completo el frente financiero. En febrero de 2024, la Provincia ya había incumplido una cuota de capital de los mismos títulos, lo que volvió a colocar a los bonos riojanos bajo el rótulo de cesación de pagos y abrió un nuevo capítulo de litigios con acreedores. La advertencia ahora conocida reaviva las dudas sobre la capacidad de pago de la gestión de Quintela.
Un frente financiero delicado y sin explicaciones públicas
En paralelo a las dificultades para cancelar sus compromisos externos, el mandatario provincial mantiene una fuerte disputa política con el gobierno nacional por el giro de fondos y la asistencia a las provincias. No obstante, en la nota enviada al mercado, la administración riojana no atribuyó las limitaciones a una causa específica: no mencionó la caída de recursos, ni recortes de transferencias, ni un programa alternativo de financiamiento.
El documento tampoco identificó qué partidas o recursos podrían verse afectados, ni acercó una propuesta formal a los bonistas para reprogramar el vencimiento del 24 de agosto. Desde el punto de vista institucional, el texto se limitó a dejar constancia de que la capacidad de pago de La Rioja se encuentra restringida, sin avanzar en la declaración de un nuevo default ni en un anuncio de suspensión del servicio de la deuda.
La administración del endeudamiento provincial recae de manera directa sobre el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Hacienda de La Rioja. Por eso, la advertencia conocida no surge de un informe opositor ni de un estudio privado, sino de un reconocimiento explícito de la propia área encargada de organizar las finanzas locales. La señal al mercado vuelve a colocar bajo la lupa la sostenibilidad de la deuda provincial y mantiene la atención de los acreedores sobre los próximos pasos que dará la gestión de Quintela frente a un calendario de pagos que ya fue renegociado y que, sin embargo, vuelve a mostrar tensiones.
La Provincia comunicó oficialmente que su capacidad de pago está restringida antes del vencimiento del 24 de agosto, sin anunciar aún una reprogramación ni un nuevo default.
De aquí en adelante, el foco estará puesto en si el Gobierno riojano consigue recursos de último momento, acuerda una nueva ingeniería financiera con los bonistas o si el 24 de agosto se transforma en otra fecha crítica para el historial de la deuda provincial.
