El diputado nacional Guillermo Michel presentó una solicitud ante la Auditoría General de la Nación para que investigue el procedimiento impulsado por el Gobierno de Javier Milei. Busca que el organismo examine las decisiones administrativas, financieras y legales, y entregue un informe al Congreso antes de marzo de 2027.
La privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) sumó un nuevo cuestionamiento desde el Congreso. El diputado nacional Guillermo Michel solicitó que la Auditoría General de la Nación (AGN) investigue el procedimiento utilizado por el Gobierno para transferir la empresa al sector privado.
El legislador presentó el requerimiento ante Juan Manuel Olmos, presidente del organismo encargado de controlar la administración de los recursos públicos. Además, pidió que la revisión incluya todas las etapas del proceso, desde las primeras decisiones oficiales hasta las condiciones establecidas para vender las acciones estatales.
Michel integra la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas y pretende que el Congreso cuente con información detallada sobre la operación. Por eso, solicitó incorporar el trabajo al Programa Operativo Anual 2026 de la AGN y fijó un plazo para conocer sus conclusiones.
Qué deberá revisar la Auditoría General de la Nación
El pedido apunta a examinar tres aspectos centrales de la privatización: la gestión administrativa, las condiciones financieras y el cumplimiento de las normas. De esta manera, el organismo podría evaluar si las decisiones del Ejecutivo respetaron las exigencias legales y los procedimientos establecidos.
En su presentación, Michel reclamó “dar inmediato inicio a una auditoría integral de gestión, financiera y de cumplimiento”. Además, precisó que la investigación debe comprender el proceso de venta de la totalidad de las acciones que pertenecían al Estado nacional.
La solicitud toma como punto de partida la Ley de Bases, aprobada en 2024, que incluyó a AySA entre las empresas sujetas a privatización. A partir de esa autorización, el Gobierno avanzó con distintas medidas para organizar la transferencia de la compañía.
Sin embargo, la presentación del diputado no implica que la AGN haya iniciado una investigación. Por el momento, se trata de un requerimiento formal para incorporar el procedimiento a sus tareas de control.
Cómo se organizó la venta de AySA
El Gobierno estableció un esquema para desprenderse del 90% de las acciones de AySA, mientras que el 10% restante corresponde a sus trabajadores. La operación contempla transferir al menos el 51% del capital total a un operador estratégico mediante una licitación nacional e internacional.
Asimismo, el procedimiento permite comercializar en los mercados las acciones estatales que no se adjudiquen en esa primera instancia. Este mecanismo quedó establecido mediante el Decreto 494/2025, que autorizó la privatización total de la participación del Estado nacional.
Posteriormente, el Ministerio de Economía dictó distintas resoluciones para avanzar con la operación. Entre ellas figura la Resolución 704/2026, que autorizó el llamado a licitación y aprobó las condiciones para seleccionar al comprador.
Michel incluyó estas disposiciones entre los antecedentes que deben examinarse. También mencionó otros decretos y resoluciones dictados desde 2024, con el objetivo de que la revisión contemple el desarrollo completo del procedimiento.
El plazo que fijó Michel para conocer los resultados
Además de solicitar la auditoría, el diputado estableció una fecha límite para recibir sus conclusiones. Según su presentación, la AGN debería remitir el informe final a la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas antes del 1° de marzo de 2027.
El legislador aclaró que esta revisión debe realizarse sin afectar los controles previstos por el artículo 14 de la Ley de Bases. Así, busca sumar una evaluación específica sobre la privatización a los mecanismos de supervisión que ya contempla la legislación.
La decisión de incorporar la investigación al programa de auditorías quedará ahora en manos del organismo de control. En caso de avanzar, sus conclusiones permitirán al Congreso analizar las condiciones administrativas, económicas y legales bajo las cuales se desarrolló la venta de AySA.
