La provincia reclama protección por el impacto sobre el río Colorado

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El gobierno de La Pampa presentó un amparo colectivo ante el Juzgado Federal de Santa Rosa para frenar la aplicación de la nueva ley vinculada a glaciares y recursos hídricos. Aunque el territorio pampeano no posee glaciares, las autoridades provinciales aseguran que la norma afecta de manera directa al único río que hoy cruza la provincia, el Colorado, de origen glacial.
El gobernador Sergio Ziliotto remarcó que la provincia “depende del único río que hoy corre por La Pampa, que es de origen glacial”, y advirtió que, con el nuevo marco legal, “va a haber menos agua”. La presentación judicial fue acompañada por la Universidad Nacional de La Pampa y las organizaciones civiles Fundación Chadileuvú y Asamblea por los Ríos Pampeanos, históricamente activas en la defensa de los cursos de agua de la región.
Según detallaron desde la gobernación, el planteo busca que la ley no se aplique hasta que la Justicia determine su constitucionalidad. El escrito, elaborado por la fiscalía de Estado a cargo de Romina Schmidt y el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, sostiene que la norma sancionada por el Congreso vulnera derechos ambientales colectivos reconocidos en la Constitución Nacional y en tratados internacionales.
Argumentos del gobierno pampeano
Ziliotto afirmó que la ley “va a afectar muchísimo a la provincia de La Pampa, a todos los habitantes sin distinción”, al considerar que implica “quitar derechos sobre el agua y perjudicar el ambiente”. El mandatario subrayó que no se trata de una discusión teórica, sino de un impacto concreto sobre la calidad y cantidad de agua que llega a la provincia desde la alta cuenca.
En la misma línea, Schmidt advirtió que el daño no es abstracto: si disminuye el caudal del río Colorado, se verán comprometidos el abastecimiento humano, la producción agropecuaria y el riego en vastas zonas del territorio pampeano. La provincia plantea así que las decisiones que se tomen aguas arriba respecto del uso del recurso hídrico tienen consecuencias directas e irreversibles aguas abajo.
Una disputa por el agua que lleva más de medio siglo
La ofensiva judicial se enmarca en una larga historia de conflictos por el agua. La Pampa mantiene desde hace más de 50 años un litigio con Mendoza por el río Atuel, también de origen cordillerano. Pese a fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ordenan garantizar un caudal mínimo interprovincial, las autoridades pampeanas denuncian que las sentencias no se cumplen plenamente.
- Más de cinco décadas de disputa judicial por el Atuel con Mendoza.
- Reclamos reiterados por el cumplimiento de caudales mínimos establecidos por la Corte.
- Dependencia crítica de los ríos para riego, agricultura y consumo humano.
Desde Santa Rosa insisten en que la modificación de los cursos de agua en la cordillera o en provincias ubicadas aguas arriba altera de forma definitiva la vida productiva y social de La Pampa. El riego de los campos, la sustentabilidad de la agricultura regional y el acceso al agua potable dependen de caudales que, según el gobierno provincial, se verían aún más condicionados si la nueva ley entra en vigencia sin contemplar estos impactos.
“Estamos planteando la inconstitucionalidad y nulidad absoluta de la ley que ha sancionado el Congreso de la Nación. Nos estamos defendiendo todos y cada uno de los pampeanos”, sostuvo el gobernador Sergio Ziliotto.
Mientras se aguarda la respuesta de la Justicia federal, la gestión pampeana busca instalar el debate en la agenda nacional, con el argumento de que la discusión sobre glaciares y aguas de origen glacial no solo involucra a las provincias cordilleranas, sino también a aquellas que dependen de esos ríos para garantizar producción, empleo y calidad de vida.

