La revolución digital trajo múltiples ventajas para los usuarios argentinos, siendo la comodidad una de las más evidentes. Hoy es posible realizar trámites, pagos y otras gestiones de forma completamente digital, sin necesidad de trasladarse hacia espacios físicos ni hacer largas filas. La mayoría de las gestiones de la vida cotidiana se resuelven con tan solo un par de clics desde el celular o la computadora.
En paralelo al auge de esta nueva economía digital, distintas industrias han encontrado en la esfera online un territorio fértil para expandir su negocio. Esto ha acelerado el viraje hacia la virtualidad, afianzando a los usuarios que se acostumbran cada vez más a una realidad digitalizada. La industria del juego arroja un claro ejemplo: internet está repleta de reseñas que realizan una comparación de los casinos virtuales de Argentina.
Pero este es tan solo un caso entre el vasto campo de sectores que han encontrado una nueva vía de crecimiento en el territorio digital. Es fundamental que los argentinos conozcan las reglamentaciones que rigen para cada sector, así como también es importante que las arcas estatales puedan actualizar sus leyes frente a un ámbito que se encuentra en constante transformación.
Organismos a cargo según sector
La economía digital abarca desde pagos con billeteras virtuales (Mercado Pago, Ualá, Modo, etc.), compras online y en marketplaces, servicios digitales (como apps, suscripciones), hasta criptomonedas y exchanges. En la era de la sobreinformación, es clave reconocer cada organismo para identificar responsabilidades, hacer valer derechos y recurrir a reclamos justos en caso fuera necesario.
Es evidente que estos sectores se encuentran en un momento álgido no solo en Argentina y América Latina, sino en el mundo entero. Cada país decide cómo regular cada sector en consonancia con sus políticas de mercado. En Argentina, no existe una ley única que abarque a la totalidad del sector de la economía digital, hay organismos reguladores que amparan distintos sectores.
Por ejemplo, el Banco Central (BCRA) regula el rubro de los pagos, billeteras virtuales y transferencias, y la AFIP (ARCA) se encarga de los impuestos. El sector e-commerce, que incluye todas las compras y contrataciones online en Argentina, se encuentra regulado por las mismas normas de defensa del consumidor y la autoridad a cargo de supervisar que se cumplan es la Secretaría de Comercio.
Tanto desde el Organismo de Defensa del Consumidor perteneciente a la Secretaría de Comercio, como de otras áreas pertenecientes a las arcas estatales, se busca extender información sobre los principales derechos de los consumidores, de modo que los mismos puedan estar al tanto de qué herramientas tienen a su alcance para iniciar reclamos.
Protección de datos personales: lo que hay que saber
Uno de los desafíos más grandes a los que se enfrenta la economía digital tiene que ver con la protección de datos personales de usuarios y consumidores. La ciberdelincuencia es un mal que prolifera en Argentina, con la presencia de redes de estafadores que sofistican sus maniobras año tras año. Al momento, la protección de datos personales en el ámbito digital se encuentra regulada por la Ley 25.326.
Se trata de una ley que abarca todas las empresas que operan en el ámbito digital y recolectan datos personales y sensibles (nombre, apellido, DNI, domicilio, correo electrónico, datos financieros y hasta hábitos de consumo). Parte de la normativa exige a las plataformas que informen a los consumidores qué datos se están recopilando y con qué fines.
Asimismo, el usuario puede hacer uso de derechos fundamentales como el derecho al acceso, que permite conocer qué datos personales posee la empresa, el derecho de rectificación que posibilita la corrección o actualización de aquellos datos, y el derecho de supresión, que habilita a solicitar la eliminación de la información resguardada.
La Ley 25.326 fue sancionada en el año 2.000 con el objetivo de proteger a los usuarios en un contexto de cambio de milenio, cuando comenzaba a vislumbrarse el avance de las plataformas digitales y la sociedad tomaba gusto por la vida en línea. 26 años después, la Ley continúa vigente, pero es evidente que el ecosistema digital actual presenta nuevos desafíos en materia de protección de datos.
Las alertas sobre evitar estafas virtuales se han vuelto moneda corriente en el escenario cotidiano de la economía digital. Mensajes de texto falsos, correos fraudulentos y promociones engañosas exponen a los usuarios argentinos a nuevas amenazas. Las empresas deben estar preparadas y contar con la infraestructura de ciberseguridad necesaria para dar combate a la ciberdelincuencia.
Si bien la Ley 25.326 continúa vigente, la acelerada transformación del sector digital y los avances tecnológicos exigen constante revisión y actualización de dichas normas para garantizar total resguardo a los consumidores digitales. En este contexto, la educación digital cobra relevancia, ya que acercan información sobre las regulaciones actuales, los derechos de los usuarios y los recursos disponibles para fortalecer la seguridad en línea.
