Archivo exprés y secreto del escándalo “Chocolate” Rigau
NewsITe
En un movimiento que vuelve a encender las críticas sobre la transparencia institucional, la Legislatura de la provincia de Buenos Aires decidió archivar de manera secreta y exprés los expedientes administrativos vinculados al caso “Chocolate” Rigau. La resolución, aprobada por amplia mayoría, libera a los diputados bonaerenses de la obligación de informar a la Justicia quiénes fueron los responsables de nombrar a los denominados “ñoquis” cuyas tarjetas de débito utilizaba el puntero político para retirar salarios en cajeros del Banco Provincia.
El archivo alcanza el pedido elevado en abril de 2025 por la fiscal Betina Lacki, que reclamaba la nómina de empleados y la documentación respaldatoria de sus designaciones. Tras varias dilaciones y negativas, el juez de Garantías Guillermo Federico Atencio había emitido una orden de presentación, paso previo a un eventual allanamiento, para acceder a esos datos. Sin embargo, la maniobra legislativa dejó sin efecto, en los hechos, la posibilidad de que la Justicia avance sobre esa información clave.
Según se conoció a partir de una investigación del periodista Hugo Alconada Mon, la decisión fue tomada el 29 de mayo de este año, durante una sesión que no fue difundida públicamente y cuyo contenido recién salió a la luz en las últimas horas. El texto aprobado ratifica lo actuado por la Mesa Directiva y remite a un anexo en el que se listan alrededor de 7.800 resoluciones administrativas y dos expedientes centrales: el 102-889/25 y el 102-890/25, que contendrían los oficios remitidos por la fiscalía.
El trasfondo del caso y el rol de la Legislatura
El escándalo estalló el 13 de septiembre de 2023, cuando Julio “Chocolate” Rigau fue detenido en un cajero automático del Banco Provincia en La Plata mientras extraía dinero con 48 tarjetas de débito que no estaban a su nombre. Con el correr de la investigación se determinó que las tarjetas pertenecían a personas contratadas como empleados de la Cámara de Diputados bonaerense, muchas de las cuales no prestaban servicio real o cedían sus sueldos y datos bancarios a cambio de mantener aportes y obra social.
Rigau estaba vinculado al subdirector de Personal de la Legislatura provincial, Claudio Albini, señalado como pieza clave en el entramado político y administrativo que habría permitido la existencia de una estructura de “ñoquis” financiada con fondos públicos. La causa abrió interrogantes sobre la utilización de la planta de personal de la Cámara para fines partidarios y la eventual responsabilidad de dirigentes y funcionarios en la designación de estos contratados.
Impacto político y cuestionamientos institucionales
La decisión de archivar los expedientes es leída por especialistas en derecho y organizaciones civiles como un fuerte retroceso en materia de control institucional. Al tratarse de documentación ya catalogada como parte de una disposición general archivada, la Legislatura respondió formalmente que no entregaría lo solicitado por la Justicia, amparándose en criterios de autonomía del Poder Legislativo y en el manejo interno de sus actos administrativos.
- Se blinda a los legisladores de la obligación de identificar quiénes impulsaron los nombramientos sospechados.
- Se limita el acceso de la Justicia a información clave sobre el funcionamiento de la planta de personal.
- Se profundiza la desconfianza ciudadana respecto del uso de recursos públicos y de los mecanismos de control.
La controversia por el archivo del caso “Chocolate” Rigau vuelve a poner en el centro del debate la falta de transparencia en la administración legislativa y la dificultad de avanzar en investigaciones sobre posible corrupción política.
Mientras la causa penal continúa en el ámbito judicial, el cierre administrativo de los expedientes en la Legislatura provincial deja un mensaje de alto impacto político: la resistencia de un sector del poder a exponer sus estructuras internas al escrutinio público. El desenlace de este capítulo será clave para medir hasta dónde pueden avanzar las investigaciones cuando se topan con decisiones políticas que buscan limitar el acceso a la verdad.
