La fiscalía pide al Gobierno el expediente completo de la contratación
NewsITe
La Justicia federal puso la lupa sobre una licitación pública para el mantenimiento de los espacios verdes de la Casa Rosada y la Residencia Presidencial de Olivos, impulsada por la Secretaría General de la Presidencia a cargo de Karina Milei. El fiscal federal Ramiro González solicitó al Poder Ejecutivo que remita el expediente completo del proceso de contratación antes de decidir si avanza con una causa penal.
El procedimiento en cuestión está identificado como licitación pública N° 23-0005-LPU26 y tiene como objetivo la contratación del servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y riego de los parques y jardines de ambos complejos oficiales. La orden de pedido había sido tramitada desde la Secretaría General, que conduce la hermana del presidente Javier Milei.
Según trascendió en ámbitos judiciales, el fiscal González busca contar con toda la documentación administrativa para determinar el estado actual del trámite y eventuales irregularidades antes de impulsar una investigación formal. “Dado que se desconoce el estado actual de la licitación cuestionada, previo a analizar la procedencia del impulso de la acción penal, se considera necesario requerir información vinculada al trámite del procedimiento licitatorio y al estado actual del mismo”, planteó en su presentación.
Los puntos bajo sospecha en la licitación
El foco principal del cuestionamiento reside en las empresas que se habrían presentado como oferentes. De acuerdo con el dictamen citado en la denuncia, participaron las firmas La Mantovana de Servicios Generales SA y Grub SA. La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, mediante el dictamen IF-2024-105621660-APN-CNDC#MEC, concluyó que ambas integrarían un mismo grupo económico.
Esta situación, sostienen los denunciantes, podría configurar una “apariencia ficticia de competencia” en el marco de la licitación, ya que dos compañías vinculadas entre sí habrían concurrido al mismo proceso licitatorio como si fueran competidoras independientes. De comprobarse esa maniobra, podría afectarse el principio de transparencia y libre concurrencia que rige para las contrataciones del Estado nacional.
Denuncia, protagonistas y posibles delitos
La causa se originó a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano. La legisladora, que inició su mandato alineada con La Libertad Avanza y luego tomó distancia del oficialismo, apuntó directamente contra Karina Milei y otros eventuales responsables administrativos.
- Señaló presuntos delitos de fraude en perjuicio de la administración pública.
- Planteó posibles negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
- Mencionó un eventual incumplimiento de deberes de funcionario público.
En la presentación, Pagano pidió que se analice si la estructura del llamado a licitación y la participación de las empresas cuestionadas pudieron vulnerar normas de competencia y transparencia en las contrataciones estatales, así como los procedimientos internos del Poder Ejecutivo.
La intervención de la Justicia busca determinar si la licitación respetó los principios de competencia real, transparencia y eficiencia que deben regir en toda contratación pública.
Por el momento, la investigación se encuentra en una etapa preliminar: el fiscal espera que el Gobierno aporte el expediente completo, con dictámenes técnicos, ofertas presentadas, evaluaciones y actos administrativos dictados. A partir de ese material, la Justicia deberá decidir si abre una causa penal formal o si archiva la denuncia por falta de elementos. El resultado será clave para el futuro de la licitación de mantenimiento de los jardines de Olivos y la Casa Rosada, y para despejar —o confirmar— las sospechas sobre el rol de los funcionarios involucrados.
