Un fallo clave que detiene el traspaso de la Justicia Laboral
NewsITe
Un Juzgado Nacional del Trabajo resolvió suspender la transferencia de la Justicia Laboral desde la órbita nacional a la ciudad de Buenos Aires, en respuesta a una medida cautelar promovida por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), gremio encabezado por Julio Piumato. La decisión fue celebrada por la Confederación General del Trabajo (CGT), que la consideró un freno a una reforma que, según la central obrera, ponía en riesgo derechos laborales y la independencia judicial.
La resolución fue dictada por el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 30, a cargo del juez Herman Mendel. El magistrado ordenó suspender la totalidad de los efectos del acuerdo de transferencia de la función judicial en materia laboral firmado entre el Estado Nacional y el Gobierno de la Ciudad, incorporado como Anexo I de la Ley 27.802 de Modernización Laboral. La medida tendrá vigencia hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre el fondo del asunto.
En su fallo, Mendel tuvo por acreditados, en esta etapa preliminar, los requisitos de verosimilitud del derecho y peligro en la demora, condiciones necesarias para la procedencia de una medida cautelar. Además, dispuso que el Estado Nacional presente, en un plazo de tres días, un informe detallado sobre la implementación del traspaso y sus implicancias para el personal y la estructura del fuero laboral.
Cuestionamientos al traspaso y reclamos sindicales
La acción judicial fue impulsada por la UEJN, que pidió la declaración de inconstitucionalidad de varios artículos de la ley, del decreto reglamentario y del propio acuerdo de transferencia. El sindicato sostuvo que el esquema diseñado vulnera derechos laborales, afecta la estabilidad de los trabajadores judiciales y altera de manera inconsulta la estructura de la Justicia del Trabajo.
Entre los principales señalamientos, el gremio advirtió sobre la falta de garantías claras respecto del traspaso del personal, las posibles modificaciones en las condiciones laborales y el impacto potencial sobre más de 1.500 agentes judiciales. También se mencionaron eventuales irregularidades en el procedimiento seguido, al señalar que no se habrían respetado mecanismos establecidos en la Ley 24.588, como la intervención de la Comisión Bicameral encargada de supervisar el traspaso de competencias a la Ciudad.
En la resolución se citan, además, antecedentes recientes de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal que dieron lugar a cuestionamientos similares sobre la creación y puesta en marcha de órganos judiciales locales en materia laboral. Estos antecedentes reforzaron el criterio de prudencia adoptado por el juzgado a la hora de suspender provisoriamente la transferencia.
La CGT habla de “gravedad institucional” y defiende el fuero laboral
Tras conocerse el fallo, la CGT difundió un comunicado en el que valoró la decisión como “un paso importante en defensa del sistema judicial y de los derechos de los trabajadores”. La central sindical consideró que la resolución “expone la gravedad institucional de las medidas impulsadas, que avanzaban sobre este fuero sin respetar los procedimientos constitucionales ni las garantías que aseguran la independencia judicial y la protección efectiva de los derechos laborales”.
“Este ámbito de Justicia es clave para equilibrar las desigualdades entre capital y trabajo. Debilitarlo o desarticularlo implicaría un retroceso en materia de derechos sociales y una afectación directa al principio protectorio de la Constitución Nacional”, sostuvo la CGT en su comunicado.
La central recordó que el traspaso proyectado generaba “incertidumbre sobre las condiciones de miles de trabajadores judiciales, afectando su estabilidad, su carrera y sus derechos”. En esa línea, reivindicó el fallo como una ratificación de la vigencia del Estado de Derecho y de la necesidad de que cualquier reforma judicial se debata en el marco de los canales institucionales y con respeto al debate democrático.
Mientras se espera la sentencia definitiva sobre el fondo de la cuestión, desde la CGT y la UEJN adelantaron que seguirán impulsando acciones para resguardar la estructura actual del fuero laboral y garantizar que toda modificación que se discuta tenga como eje la protección de las y los trabajadores y la preservación de las instituciones que aseguran sus derechos.
