La Justicia federal avanza sobre el uso de fondos para rutas nacionales
NewsITe
La Justicia federal dio un paso clave en el reclamo por la paralización de obras y el deterioro de rutas nacionales en Entre Ríos. El Juzgado Federal de Victoria, a cargo del juez Federico Martin, pidió informes al Gobierno nacional antes de resolver una medida cautelar que busca reactivar trabajos de infraestructura vial financiados con recursos específicos.
El expediente, identificado como causa 12957/2026 y caratulado “Bahl, Adán Humberto y otros c/ Estado Nacional – Ministerio de Economía y otro s/Amparo Ley 16.986”, se originó a partir de una acción de amparo presentada por los legisladores peronistas Adán Bahl, Guillermo Michel y Marianela Marclay. Los demandantes sostienen que el Estado dejó de aplicar correctamente los fondos destinados al mantenimiento y construcción de rutas nacionales que atraviesan la provincia.
En su resolución inicial, el juez Martin declaró competente al fuero federal y a su juzgado para intervenir en el caso, y dio trámite al amparo. Frente a la medida cautelar positiva solicitada por los legisladores, el magistrado ordenó que los organismos demandados presenten, en un plazo máximo de tres días, un informe detallado sobre el interés público comprometido y el destino de los recursos que integran el Sistema de Infraestructura de Transporte (SISVIAL).
El SISVIAL se nutre principalmente del impuesto a los combustibles líquidos y constituye una de las principales fuentes de financiamiento para obras viales en todo el país. Según el planteo de Michel, una porción significativa de esos fondos no habría sido volcada a trabajos en rutas, sino colocada en instrumentos financieros, lo que habría impactado en el estado de la red vial nacional.
Críticas por el desvío de recursos y rutas afectadas
Guillermo Michel afirmó que “tres de cada cuatro pesos del fondo fueron derivados a instrumentos financieros —bonos, títulos y acciones— en lugar de aplicarse a obras viales”. Además, denunció que más de 1,5 billones de pesos que deberían haberse destinado a la infraestructura de rutas se utilizaron para “sostener el superávit fiscal maquillado por el gobierno”. Estas acusaciones elevan el tono político de la causa y ponen bajo la lupa la administración de los recursos públicos.
Entre las rutas nacionales señaladas como afectadas por la falta de inversión se encuentran la 12, 14, 18, 127, 135 y 174, además de las rutas 130, 131, 136 y A015. Se trata de corredores clave para el transporte de producción agrícola, el movimiento de cargas hacia los principales puertos y el tránsito de pasajeros dentro del Litoral y hacia otras regiones del país.
- Los fondos cuestionados provienen del impuesto a los combustibles.
- Los legisladores reclaman reactivar obras y tareas de mantenimiento.
- El juez otorgó tres días al Gobierno para presentar informes.
- La medida cautelar aún no fue resuelta y sigue en análisis.
“Tres de cada cuatro pesos del fondo fueron derivados a instrumentos financieros en lugar de aplicarse a obras viales”, advirtió el diputado Guillermo Michel.
Por el momento, la resolución judicial no se expidió sobre la procedencia de la cautelar solicitada, sino que se limitó a requerir información al Estado nacional antes de avanzar con una decisión de mayor impacto. El resultado de estos informes será clave para determinar si la Justicia ordena o no la inmediata reactivación de las obras viales en Entre Ríos y, eventualmente, abre la puerta a una revisión más amplia del uso de fondos públicos destinados a infraestructura en todo el país.
