El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial salió a respaldar al juez de San Nicolás cuestionado por Manuel Passaglia tras la absolución de Maximiliano Cabaleyro. La respuesta corporativa buscó encuadrar el pedido de juicio político como una amenaza a la independencia judicial y cerró filas en defensa de uno de sus miembros.
La reacción no tardó en llegar. Después de que Manuel Passaglia promoviera un pedido de jury contra el juez Alejandro López por su participación en el fallo que absolvió al dirigente camionero Maximiliano Cabaleyro, el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial salió públicamente a defender al magistrado y a cuestionar la iniciativa del diputado bonaerense.
La intervención expuso una lógica de autodefensa dentro del propio Poder Judicial. Frente a una denuncia que apunta al desempeño de uno de sus integrantes, la entidad que representa a jueces y funcionarios tomó partido antes de que el Jurado de Enjuiciamiento analice en profundidad los fundamentos de la presentación y buscó instalar el debate en torno a una supuesta presión política sobre los magistrados.
Passaglia había solicitado que López fuera investigado por “mal desempeño” luego de la resolución del Tribunal Oral Criminal N° 2 de San Nicolás, que absolvió a Cabaleyro y a otros acusados por el conflicto registrado en 2021 frente a Distribuidora Rey, en San Pedro. Para el legislador de Hechos, la sentencia contiene “fallas graves” y amerita una revisión de la conducta del juez.
El tribunal consideró que las acciones desplegadas durante aquella protesta se encontraban amparadas por el “legítimo ejercicio del derecho a huelga”. El conflicto había comenzado por el reclamo del Sindicato de Camioneros para que 35 trabajadores fueran incorporados al convenio colectivo correspondiente a la actividad.
Una defensa institucional
La respuesta del Colegio de Magistrados no se limitó a reivindicar los mecanismos de apelación disponibles dentro del sistema judicial. La entidad asumió una defensa explícita de López y cuestionó la legitimidad del planteo político en términos institucionales.
“La independencia judicial es una garantía constitucional indispensable para la protección de los derechos de todas las personas”, expresó el organismo. También sostuvo que el juicio político es una herramienta válida, aunque advirtió que no puede transformarse en “un instrumento de presión o represalia por el contenido de sus decisiones cuando no existen causales legales que justifiquen su remoción”.
Con ese argumento, la corporación judicial colocó el pedido de jury bajo sospecha antes de que el órgano competente determine si existen o no motivos suficientes para avanzar. La reacción refuerza la percepción de un sistema que, ante cuestionamientos externos, activa rápidamente sus propios mecanismos de protección interna.
El Colegio sostuvo además que permitir este tipo de planteos podría habilitar a sectores con mayor poder económico o político a condicionar futuras decisiones judiciales. Según manifestó, una situación de esas características afectaría especialmente a quienes carecen de recursos suficientes para defender sus derechos.
“Lo que está en juego, en definitiva, es la igualdad ante la ley”, señaló la entidad, que también manifestó su respaldo al Colegio Departamental de San Nicolás y se puso a disposición para acompañar acciones destinadas a preservar la independencia judicial.
El episodio vuelve a poner en discusión hasta dónde llega la defensa legítima de la autonomía de los jueces y en qué punto esa protección puede transformarse en una reacción corporativa. Mientras Passaglia reclama que se investigue la actuación de López, las organizaciones que representan a magistrados y funcionarios ya fijaron posición y cerraron filas alrededor del juez cuestionado.
