La Cámara anuló las restricciones a periodistas y dirigentes
NewsITe
La Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de San Isidro dejó sin efecto el polémico “bozal legal” que impedía a periodistas y dirigentes políticos referirse públicamente al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino. La resolución implica un fuerte respaldo a la libertad de expresión y al trabajo de la prensa en causas de interés público.
La medida, que había sido concedida por el juez de Garantías de Pilar, Walter Saettone, alcanzaba a los periodistas Nicolás Pizzi, Federico Teijeiro, Bruno Yacono, Luis Gasulla y Mariano Roa, todos ellos autores de investigaciones sobre causas judiciales vinculadas a la AFA. También afectaba a los dirigentes de la Coalición Cívica Leandro Camani, Matías Yofe y Facundo Del Gaiso, impulsores de denuncias penales como la que investiga la conocida “mansión de Pilar”.
El fallo original imponía severas restricciones: prohibía a los involucrados cualquier tipo de contacto con Tapia y Toviggino y sus familias, les impedía acercarse a menos de 500 metros de los lugares donde desarrollan sus actividades habituales —incluida la sede de la AFA— y les vedaba captar, reproducir o difundir datos personales o información del ámbito privado de los dirigentes. Aunque, en los papeles, no alcanzaba a su actuación pública, en los hechos condicionaba el ejercicio del periodismo de investigación.
Fundamentos de la Cámara: la libertad de expresión como pilar democrático
Al hacer lugar a la apelación, los camaristas Gustavo Herbel, Luis Cayuela y Carlos Blanco consideraron que las medidas excedían la protección de la vida privada y afectaban directamente la tarea periodística y la posibilidad de controlar a figuras con alto perfil público. Herbel subrayó que las limitaciones no solo restringían la difusión de datos personales, sino que atentaban contra “un instrumento sustancial del derecho a la información”, imprescindible para cualquier sistema democrático.
El magistrado advirtió que, tal como estaban redactadas, las prohibiciones incluso podían impedir a los periodistas concurrir a edificios públicos cercanos a la sede de la AFA, como el Palacio de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, en la calle Talcahuano. Además, recordó que posibles excesos en publicaciones periodísticas deben canalizarse a través de denuncias judiciales específicas y no mediante restricciones previas al ejercicio de la palabra.
Cuestión de competencia y reacciones públicas
Por su parte, Cayuela y Blanco fundamentaron la nulidad del bozal legal en la falta de competencia del juez de primera instancia. Según detallaron, la resolución de Saettone no encontraba sustento en el artículo 23 ni en otras normas del Código Procesal Penal bonaerense que autoricen a un juez de Garantías a imponer este tipo de restricciones tan amplias.
- Las medidas afectaban a periodistas y dirigentes que investigan presuntos hechos de corrupción en la AFA.
- La Cámara entendió que se vulneraba la libertad de expresión y el derecho a informar.
- Los jueces de alzada también cuestionaron la falta de competencia del magistrado que dictó el bozal.
“Existe libertad de expresión y protección de la investigación periodística, y cuando su publicación resulte lesiva, será materia de denuncia judicial y eventual punición”, enfatizó el juez Gustavo Herbel en su voto.
Tras conocerse la decisión, los aludidos se expresaron en redes sociales. El legislador porteño de la Coalición Cívica Facundo Del Gaiso celebró: “PERDIERON TAPIA y TOVIGGiNO” y calificó como un “fracaso absoluto” la estrategia de intentar silenciar a quienes denuncian lo que considera “la mayor matriz de corrupción y lavado de dinero después del kirchnerismo”. En tanto, el periodista Nicolás Pizzi sostuvo que “se terminó el mamarracho” y destacó que se revocó una medida que consideró “insólita” contra la prensa. El fallo marca un antecedente relevante en la tensión entre poder político-deportivo, justicia y libertad de expresión en la Argentina.
