Paritaria trabada en puertos privados en pleno boom agroexportador
NewsITe
El complejo agroexportador atraviesa uno de los mejores semestres de los últimos años, pero una negociación salarial estancada en los puertos privados comienza a generar demoras y preocupación en el sector. Entre enero y julio de 2026, las exportaciones del agro facturaron $25,42 billones, un 51,5% más que en el mismo período de 2025, de acuerdo con estimaciones en base a datos del INDEC. El salto se explica por un mayor volumen despachado, la mejora de precios internacionales y el impacto del tipo de cambio.
Ese dinamismo, sin embargo, se enfrenta ahora a una paritaria que no logra encarrilarse. La Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC) y la Unión de Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina (URGARA) mantienen abierta desde hace semanas la negociación de la rama puerto privado, bajo el paraguas de una conciliación obligatoria dictada el 19 de agosto por la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo.
En este contexto, comenzaron a registrarse demoras en los accesos al puerto de Bahía Blanca, uno de los nodos estratégicos para la salida de la cosecha argentina hacia los mercados internacionales. Transportistas y operadores advierten que, si el conflicto se prolonga, podría verse afectado el cronograma de embarques acordado con compradores del exterior.
El foco del conflicto: horas extra y organización del trabajo
La principal diferencia entre las partes gira en torno al esquema de horas extraordinarias y a la posibilidad de derivar personal entre sectores dentro de las terminales. Delegados de URGARA comunicaron a las empresas que no realizarán horas extra ni aceptarán reubicaciones internas. Desde el gremio recuerdan que la legislación laboral es clara: el trabajo extraordinario es optativo para el empleado, no una obligación.
Para la CPPC, en cambio, esta postura se traduce en una medida de fuerza encubierta, ya que limita la operatoria habitual de las terminales en momentos de alta demanda. La discusión se da, además, en un contexto de fuertes ganancias para la cadena agroexportadora, lo que recarga la presión sobre las empresas para mejorar su propuesta salarial.
Oferta empresaria, reclamo gremial y tensión creciente
Según la cámara empresaria, la oferta sobre la mesa asciende a un 31,99% de aumento para el período enero-diciembre 2026, porcentaje que —según sus propios cálculos— se ubica por encima de la inflación anual proyectada por el Gobierno y distintos organismos técnicos, estimada en 30,2%. A ello se suma una suma extraordinaria de hasta $359.095 para la tercera categoría, a pagarse en dos cuotas desde agosto.
La diferencia con la pretensión gremial ronda los tres puntos porcentuales sobre el total anual. Esa brecha, que las empresas consideran acotada, es lo que aún impide el acuerdo. Off the record, referentes del sector agroexportador señalan que la negociación “ya debería estar cerrada” y deslizan que el monto en disputa no es significativo frente al volumen de negocio que hoy está en juego.
- Oferta salarial empresaria del 31,99% anual más suma extraordinaria.
- Reclamo gremial que supera esa cifra en alrededor de tres puntos.
- Conciliación obligatoria vigente desde el 19 de agosto.
- Demoras crecientes en el puerto de Bahía Blanca.
La autoridad laboral deberá definir si la negativa a hacer horas extra es una decisión individual amparada por la ley o una acción colectiva incompatible con la conciliación obligatoria.
La resolución de ese punto será clave para el futuro inmediato del conflicto. Si se convalida que la negativa a las horas extra responde al derecho individual del trabajador, el margen de presión empresaria se reduce. Si, en cambio, se interpreta como una medida colectiva encubierta, podrían disponerse nuevas órdenes para garantizar la normalidad de la operatoria.
En un escenario de exportaciones récord y compromisos externos asumidos, cada día de tensión suma incertidumbre a una cadena que, pese a los buenos números, vuelve a poner en primer plano la puja distributiva entre empresas y trabajadores en los puertos privados del país.
