El pedido que expuso la tensión entre la familia de Loan y el poder político
NewsITe
A un mes de la desaparición de Loan Peña en la localidad correntina de Nueve de Julio, la familia del niño elevó un duro reclamo al entonces gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés. Le pidieron públicamente que “abra la cabecita” y se acerque al pueblo para dar respuestas sobre la investigación. Aquella frase marcó un punto de inflexión en la relación entre los padres del menor y las máximas autoridades provinciales.
Mientras el expediente avanzaba con detenidos, peritajes y múltiples hipótesis, José Peña, padre de Loan, expresó su malestar por la falta de contacto directo con el mandatario. “Me gustaría que el gobernador venga y nos diera una respuesta. No estamos contra ellos, pero no se acercaron en ningún momento”, afirmó, dejando en evidencia la distancia entre la familia y la gestión provincial.
En declaraciones que luego se volverían emblemáticas, José insistió: “Esperemos que se le abra un poquito la cabecita. Sería importante que viniera a hablar personalmente con nosotros”. Ese pedido, que al principio sonó a reclamo desesperado de un padre, terminó generando un cimbronazo político dentro de la Unión Cívica Radical correntina.
De acuerdo con lo reconstruido por la agencia Noticias Argentinas, tras esas palabras se activó un entramado de gestiones silenciosas que derivó en una reunión reservada entre Valdés y los padres de Loan, a fines de agosto, en un despacho de Casa de Gobierno en la ciudad de Corrientes. El encuentro se produjo el mismo día en que el abogado Fernando Burlando decidió renunciar a la querella, en medio de fuertes discrepancias sobre el rumbo de la causa.
Denuncia política y cuestionamientos a la actuación oficial
Lejos de significar un cierre del conflicto, aquel acercamiento no logró recomponer la relación. En septiembre de ese año, José Peña y María Noguera denunciaron al entonces gobernador por “mal desempeño de funciones” y solicitaron su juicio político. La presentación judicial profundizó el enfrentamiento y volvió a colocar en el centro del debate la respuesta del Estado provincial ante la desaparición del niño.
En el escrito, patrocinado por el abogado Roberto Méndez, los padres señalaron tanto “acciones concretas” como “ausencia concreta de acciones de gobierno”. Apuntaron a la falta de campañas de prevención y concientización, la escasa difusión permanente y la insuficiente disposición de recursos humanos y materiales dedicados, según ellos, a la búsqueda y aparición con vida de Loan.
La denuncia también incorporó como prueba las actuaciones tramitadas ante la jueza federal Cristina Penzo y las causas conexas donde, según sostienen, quedarían registrados antecedentes de la conducta del exmandatario. Entre esos elementos citaron un tuit de Valdés en el que habría celebrado el supuesto cierre del caso, apoyado en una “extraña y resbaladiza hipótesis de un accidente que le cierra a todo el poder”.
“De esa pista se habría desprendido que Loan estaría muerto y oculto por sus ‘supuestos embestidores y matadores’”, se señala en el texto presentado ante la Justicia, en el que la familia reclama que se investigue el rol del poder político en el manejo del caso.
Con el paso del tiempo, la desaparición de Loan dejó de ser solo un expediente judicial para convertirse también en un caso emblemático sobre cómo reaccionan las instituciones ante delitos que conmueven a la sociedad. El pedido de que se “abra la cabecita” sigue resonando como síntesis del reclamo de una familia que, además de buscar a su hijo, exige explicaciones y responsabilidades a los más altos niveles del poder.
