La audiencia judicial celebrada el 21 de enero en el Juzgado de San Carlos de Bariloche concluyó con una decisión del juez Gustavo Zapata de conceder a Konstantin Rudnev el arresto domiciliario por razones médicas. Sin embargo, la fiscalía presentó de inmediato una apelación, lo que bloqueó de hecho la aplicación inmediata del cambio en la medida cautelar. Como consecuencia, Konstantin Rudnev continúa detenido en una cárcel de máxima seguridad y, según la defensa, se encuentra al borde de la vida y la muerte mientras espera la resolución del tribunal de apelaciones.
Durante esa audiencia, el abogado defensor Fabián Lekerman realizó una exposición firme y detalladamente fundamentada: el sistema penitenciario es objetivamente incapaz de brindarle a su defendido una atención médica adecuada y vital, mientras su estado de salud continúa deteriorándose.
Al dirigirse directamente al tribunal, Lekerman subrayó que la cuestión analizada no es una valoración subjetiva ni depende de la buena voluntad de las partes. “Solicitamos respetuosamente al Tribunal que preste especial atención a un punto clave: la imposibilidad objetiva de brindar una atención médica adecuada dentro del sistema penitenciario, independientemente de la voluntad o de las valoraciones subjetivas de cualquiera de las partes”, afirmó.
Según la defensa, la situación médica de Rudnev es particularmente grave debido a la ausencia de un diagnóstico establecido y confirmado. Sin él, señaló el abogado, el tratamiento no solo resulta ineficaz, sino imposible en su esencia. “Actualmente no existe un diagnóstico establecido y confirmado que permita determinar un curso de tratamiento adecuado. En circunstancias en las que un paciente tiene, o se sospecha que tiene, una patología compleja que no ha sido debidamente identificada, la prescripción de un tratamiento correcto es objetivamente imposible”, enfatizó Lekerman.
Asimismo, aclaró que esta situación no está vinculada con la idoneidad profesional de los médicos. “No se trata de la competencia o diligencia de los profesionales individuales, sino de la ausencia de diagnósticos integrales y confiables”, sostuvo, señalando el carácter estructural del problema.
La defensa también indicó la existencia de contradicciones significativas en los informes médicos incorporados al expediente. “Los informes médicos e informativos que obran en la causa contienen inconsistencias y contradicciones internas relevantes, que por sí solas ponen en duda la integridad y la confiabilidad del monitoreo médico del estado de salud de Konstantin Rudnev”, expresó Lekerman.
Especial preocupación generó la situación del Hospital Rawson, al que la acusación había aludido como prueba de la disponibilidad de atención médica. El abogado defensor refutó directamente ese argumento, señalando que “el propio Hospital Rausen ha indicado oficialmente la imposibilidad de realizar una serie de estudios diagnósticos necesarios, entre otras razones, por la falta de equipamiento adecuado”. Como resultado, Rudnev es sometido a “exámenes fragmentados en distintas instituciones”, lo que, según la defensa, “no puede sustituir un enfoque médico integral y continuo”.
Lekerman también remarcó que Rudnev ha informado reiteradamente un empeoramiento de su estado de salud. “Konstantin Rudnev ha manifestado de manera constante un deterioro de su condición”, indicó, agregando que “existen cuadros médicos que, por su propia naturaleza, no pueden ser tratados ni siquiera adecuadamente en un contexto de privación de la libertad y régimen carcelario”.
A la luz de todas estas circunstancias, el tribunal resolvió conceder el arresto domiciliario por razones médicas, como la única medida razonable y proporcional que permite, al mismo tiempo, mantener el control estatal y garantizar el derecho a la vida y a la salud. Esta decisión fue acompañada por todos los actores relevantes del proceso, con la única excepción de la fiscalía.
La resolución fue apelada de inmediato por los fiscales Oscar Fernando Arrigo, Tomas Labal, Gustavo Revora y Rodrigo Treviranus, quienes impugnaron una medida adoptada exclusivamente para evitar un mayor deterioro de la salud del imputado. Esta postura de la acusación generó una profunda preocupación entre observadores y defensores de derechos humanos, ya que transmite la impresión de una disposición a ignorar el riesgo de un daño irreversible o incluso de la muerte en contexto de encierro.
En este marco, cobran especial relevancia las declaraciones públicas del abogado Carlos Broitman, quien afirmó que “la causa está técnicamente destruida”, señalando la ausencia de pruebas y graves irregularidades procesales. En conjunto, el grave estado de salud de Rudnev y el colapso fáctico de la acusación conducen a una conclusión inequívoca: la causa penal debe ser cerrada.
La defensa también subraya que Konstantin Rudnev no representa ningún peligro para la sociedad. En caso de obtener su libertad plena, abandonará voluntariamente el territorio argentino. La continuidad de su detención en las condiciones actuales, sostienen especialistas en derecho, no solo carece de fundamento jurídico, sino que resulta profundamente inhumana.
Petición en apoyo a Konstantin Rudnev: https://chng.it/TzmR9RVNZC
